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Foto: Colprensa. Martes 7 de agosto de 2018.

Estos son los desafíos del campo colombiano para el próximo gobierno

Por: Wilson Bonilla

Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, además de continuar con la implementación del punto uno de La Habana en lo rural, deberá mantener la seguridad jurídica.

Así mismo, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, se declaró satisfecha con la decisión de nombrar, como ministro de Agricultura, a Andrés Valencia Pinzón, quien era director de Fenavi y también ejercició como gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2011-2013) y gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (2006-2008), entre otros cargos.

Sobre los retos del nuevo ministro, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dijo que Valencia Pinzón, tiene el desafío de contribuir a materializar los tres grandes objetivos de la política agropecuaria:

1) Reducir a la mitad los índices de pobreza en la Colombia rural.

2) Hacer de Colombia el primer país en la región en el desarrollo de la agricultura climáticamente inteligente y resiliente.

3) Apalancar inversiones para lograr un crecimiento interanual de 5% para el sector en 2018-2022.

Agregó que el nuevo ministro deberá, además:

a) Trabajar por un campo inclusivo y justo, y por afrontar el cambio climático.

b) Conseguir una articulación entre la agroindustria y el pequeño agricultor, a partir de la definición de las Áreas de Transformación Productivas (ATP) en distintas regiones del país.

c) Volcar inversión y privada para cerrar la brecha existente entre campo y ciudad.

d) Dotar al sector de una institucionalidad transparente, moderna y tecnificada.  

El presidente Iván Duque Márquez, afirmó en el marco de su campaña a la presidencia que, en materia de agricultura, “nuestra política agropecuaria debe tener el gran propósito de llevar una alta tasa de inversión al campo, que se traduzca en puestos de trabajo de calidad, oportunidades de crecimiento para los pequeños productores y una transformación productiva para el desarrollo de una agroindustria de talla internacional.”

Sobre la implementación y desarrollo del punto uno de La Habana, los gremios agrarios reunidos en la SAC, consideran que “el gobierno debe plantearse unas metas claras y concretas en torno a la seguridad jurídica sobre la propiedad rural, que no solo depende de cambios normativos, sino de apropiaciones presupuestales, así como de una articulación en tiempo real con los entes territoriales, el sector privado y las comunidades”

Agregó Jorge Enrique Bedoya, que “el gobierno debe partir de la experiencia y conocimiento de los gremios en los temas relacionados con sus respectivos subsectores, para lograr mayor efectividad y no duplicar esfuerzos en la labor de desarrollar el campo y así potenciar la parafiscalidad como uno de los instrumentos estratégicos de la política pública agropecuaria que se deben preservar y proteger”.

"Impulsar una normatividad colombiana en el campo, mediante un régimen laboral diferenciado y flexible para el sector, que entienda las diferencias productivas y laborales entre los múltiples productos del campo con respecto al régimen laboral urbano”, precisó el dirigente gremial.

Finalmente es de destacar que la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión de la Verdad, firmaron un convenio que le permitirá a la Comisión tener acceso a más de 30 mil cajas que contienen 9 kilómetros lineales con información clara sobre la tierra en Colombia y que deberá tener en cuenta el nuevo gobierno.

“Es muy importante que el país conozca la barbarie en la que hemos vivido tantos años, entre otras cosas, para que comencemos a sentir compasión por el otro”, dijo Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad,

“Son 9.000 metros lineales de documentos los que inicialmente estarán a disposición de la Comisión. Sin embargo, hay que advertir que actualmente tenemos 80 investigaciones en curso para reconstruir expedientes que fueron hurtados, dañados, manipulados o alterados”, precisó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper.