Autoridades indígenas de Chocó denuncian agresiones a sus comunidades
A través de un comunicado emitido por la Asociación de Cabildos – Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, Katío, Chamí y Dule en el departamento del Chocó (Asorewa), informó sobre presuntas situaciones de violación de Derechos Humanos a población indígena en los municipios de Quibdó y Bagadó.
Según la organización, se habrían presentados dos casos puntuales en la última semana, señalan que el primero ocurrió el pasado domingo 26 de julio, cuando varios integrantes de la comunidad indígena Paso Salado, perteneciente al municipio de Quibdó, fueron sorprendidos por ráfagas de fusil, situación que dejó una persona herida, identificada como Franklin Olea Rubiano, perteneciente a la etnia Embera Dóbida.
Por otro lado, señalan que un grupo armado, aún sin identificar, conformado por aproximadamente 30 sujetos, ingresó a la casa comunitaria y arremetió contra algunos pobladores que se refugiaban en el lugar.
“Los 206 habitantes, reunidos en 46 familias de la comunidad se encuentran confinados en medio de la escasez de bienes de primera necesidad como alimentos e insumos de salud”, expone el comunicado.
Manifiestan las autoridades indígenas que hay temor de los pobladores de salir a realizar sus actividades agrícolas y económicas diarias, por la constante presencia de grupos irregulares.
Importante decir que, esta comunidad se encuentra ubicada a escasas tres horas por vía fluvial de la cabecera municipal de Quibdó.
El segundo hecho ocurrió el pasado martes 28 de julio, cuando el poblador indígena Santiago Campaña Negeta de 23 años de edad, se desplazaba desde el corregimiento San Marino hacía la comunidad Mojarrita, perteneciente al resguardo indígena de Alto Andágueda, municipio de Bagadó.
El comunicado explica que el joven fue interceptado por hombres armados, quienes sin mediar palabra, le apuntaron con un arma de fuego, dejándole gravemente herido. Las autoridades indígenas aseguran que “se desconocen los móviles de este hecho”, pero advierten que puede estar relacionado con actos intimidatorios contra la población.
Así mismo, las autoridades indígenas, a través de la comunicación, ponen de manifiesto “las dificultades de seguridad para denunciar estos y otros hechos que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, pues aseguran no contar con presencia de entidades judiciales del Estado en el territorio.
Por último, hacen un llamado al Gobierno Nacional, regional y municipal, con el fin de que se atienda integralmente a las personas y familias involucradas en esta situación. De igual forma, piden a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación investigar las presuntas omisiones de las Fuerzas Militares; y a la Defensoría del Pueblo, para buscar mecanismos efectivos que resguarden la seguridad y la vida de los pobladores de la zona.
