Comisión de paz del Senado acompañó visita de presidente Petro a Ituango
La Comisión de Paz del Senado hizo presencia este sábado en el municipio de Ituango, Antioquia para acompañar al presidente de la República en la instalación del segundo Puesto de Mando Unificado por la vida, que busca frenar los crímenes y asesinatos de líderes sociales, poblaciones diferenciadas como indígenas y campesinos, además de proteger a excombatientes firmantes de la paz.
En la visita escucharon a la población civil, donde varios lideres sociales pidieron atención a las víctimas del conflicto armado, así como espacios para los jóvenes con el fin de evitar que se vean inmiscuidos en grupos armados ilegales.
Según Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, la creación de estos espacios está proyectado para fortalecer el plan de emergencia diseñado desde el Congreso junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, la sociedad civil y el Gobierno.
“Buscamos proteger la vida de quienes han estado en la construcción de la paz en los territorios. El propósito es buscar cuánto antes procesos de diálogo para ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que azotan al país. Desde Ituango vamos a anunciar una gran cumbre para buscar el alto al fuego en todo el país, y así poder darle ambiente y condiciones a la paz total”, señaló Iván Cepeda.
El encuentro contó con la presencia de 20 congresistas; el ministro del Interior, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda; alcaldes de municipios de la zona; sociedad civil y comunidades campesinas.
Durante su intervención, Alfonso Prada, ministro del interior aseguró que “el plan para la protección de la vida pretende convertirse en una instancia interinstitucional que reúna en un mismo lugar, en un mismo momento, a la institucionalidad y los organismos internacionales que apoyarán el proceso”.
Desde la Comisión de Paz enfatizaron que es de suma importancia poner en marcha acciones inmediatas de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización; y dar inicio a la configuración de una política pública de garantías que responda lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz.
