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Elecciones regionales 2023: 88 precandidatos que buscan avales estarían cuestionados

Según la Fundación Pares, los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical lideran el listado de colectividades políticas que avalan a precandidatos cuestionados
Elecciones
Colprensa.
Freddy Sáenz Sánchez

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó un informe sobre precandidatos cuestionados e investigados que buscan participar en las próximas elecciones regionales del mes de octubre. El documento señala que, de los 294 precandidatos en los 32 departamentos del país, 88 de ellos no cuentan con una hoja de vida transparente e idónea para ocupar el cargo.

Según el informe presentado por la fundación Pares, estos precandidatos cuestionados estarían buscando un aval mediante partidos, coaliciones y movimientos significativos de ciudadanos, para poder participar de los próximos comicios regionales.

Según Esteban Salazar, coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, algunos de los aspirantes presentan cuestionamientos por investigaciones penales, fiscales o disciplinarias; presuntos nexos con actores ilegales, o herederos de clanes políticos en las distintas regiones.

“Hemos identificado que, en su mayoría, los precandidatos estarían buscando el aval de 14 partidos políticos, entre los cuales se encuentran el partido Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical. Estos son los partidos que siempre ponen en riesgo la democracia del país por avalar personas que insistentemente nosotros les mencionamos que tienen entre uno u otro cuestionamiento”, señaló el coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares.

El documento también detalla que, de los 88 precandidatos cuestionados, el 48 % (42 precandidatos) aspiran a lanzarse a las gobernaciones.

Los departamentos con mayor cantidad de precandidatos cuestionados son: Magdalena, que concentra el 12 % con cinco de precandidatos cuestionados; Antioquia, 10 %, con cuatro; Caquetá, 10%, con cuatro; y Bolívar, 7% con tres.


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Los cuestionamientos tienen que ver con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales; relacionadas con presuntos hechos de corrupción, herederos de parapolítica, vínculos con Odebrecht y presuntos nexos con grupos armados y/o con economías ilegales.
 

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