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Gobierno impulsa formalización de pequeños mineros en el Bajo Cauca y refuerza lucha contra la minería ilegal

Ministerios advierten retos para formalizar la minería en el Bajo Cauca y anuncian acciones contra la extracción ilegal.
Radio Nacional de Colombia

El Gobierno nacional reiteró que la formalización de los mineros de pequeña escala, tradicionales y de subsistencia es uno de los principales desafíos en la región del Bajo Cauca antioqueño, un territorio donde la minería ha sido durante décadas una fuente de sustento para miles de familias.

El pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, que alertaron sobre la necesidad de avanzar en procesos de formalización minera, mientras se enfrenta el impacto de la extracción ilícita de minerales.

Las autoridades señalaron que esta actividad ilegal no solo genera daños ambientales, sino que también alimenta economías criminales, conflictos armados y afectaciones a comunidades étnicas, además de comprometer la soberanía alimentaria en varias zonas de la región.


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¿Qué propone el Gobierno para formalizar la minería en el Bajo Cauca?

Los ministerios reiteraron la voluntad del Gobierno de mantener espacios de diálogo y concertación con las comunidades mineras, en articulación con las alcaldías municipales y la gobernación departamental, con el fin de construir soluciones que permitan regular la actividad.

Las autoridades indicaron que este proceso se desarrollará siempre que las movilizaciones sociales se mantengan en el marco de la protesta pacífica y del respeto al Estado de derecho.

Asimismo, destacaron el avance en la creación del distrito minero del Bajo Cauca, una estrategia de gobernanza territorial cuya metodología para la formulación del plan estratégico fue concertada el 11 de marzo de 2026 con 95 autoridades étnicas del territorio.

En su pronunciamiento, el Gobierno subrayó que reconoce la importancia económica y social de la minería legal para muchas familias de la región.

No obstante, insistió en la necesidad de promover un equilibrio entre la actividad minera y la protección del ambiente, articulando esta actividad con otras economías lícitas del territorio que permitan generar desarrollo sostenible.

El objetivo, según las autoridades, es que la riqueza generada por la explotación del oro pueda redistribuirse entre los pequeños mineros y las administraciones locales, a través de mecanismos como las regalías, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

¿Cómo avanza el proceso de formalización minera?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno ha implementado una ruta especial para agilizar la formalización minera, establecida mediante la Resolución 40141 de 2025.

Entre 2023 y 2024, se identificaron 3.182 personas en el Bajo Cauca que manifestaron interés en formalizar su actividad minera.

Sin embargo, el proceso ha encontrado dificultades, ya que 567 de estos casos se ubican en áreas con restricciones ambientales o en territorios titulados, lo que limita su regularización.

Para estos trabajadores, el Gobierno ha planteado alternativas de reconversión productiva que les permitan desarrollar otras actividades económicas legales.

Hasta el momento, el Ejecutivo reportó la formalización de 2.242 mineros mediante 32 instrumentos, mientras que quienes aún se encuentran en proceso continuarán recibiendo acompañamiento institucional.

¿Qué acciones se han tomado contra la minería ilegal?

En materia de seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional informó que durante 2026 se han realizado siete operativos contra la extracción ilícita de minerales en la región del Bajo Cauca.

Como resultado de estas operaciones, las autoridades han logrado inutilizar 22 dragones y dragas utilizados para la minería ilegal, maquinaria que suele emplearse en actividades que provocan graves impactos ambientales y que pueden estar vinculadas con otros delitos.

El Gobierno señaló que continuará impulsando una estrategia que combine formalización minera, control institucional y diálogo con las comunidades, con el objetivo de avanzar hacia una minería legal, sostenible y con beneficios para los territorios.

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