En su concepto, no se encontraron irregularidades en la publicidad ni en el curso de los debates, incluido el cuarto debate, que —según explicó— fue abordado en tres sesiones plenarias con suficiente deliberación.
La Procuraduría General de la Nación advirtió que, a partir del 31 de julio, más de ocho millones de estudiantes se quedarían sin acceso a los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad.
