4 mil personas en Chocó han sido desplazadas en el último mes
Defensoría Regional denuncia que 4.000 personas han tendido que salir de sus tierras en el último mes, configurándose el desplazamiento más grande en los últimos años en el Chocó.
Durmiendo en el suelo, sin recibir las tres comidas diarias, amontonados en lugares donde las condiciones de salubridad no son las mejores, se encuentran más de 4.000 personas desplazadas en el municipio del Alto Baudó (Chocó) debido a las disputas de los grupos armados ilegales por el dominio territorial.
El éxodo comenzó el 16 noviembre de este año cuando las primeras 1.120 personas pertenecientes a las comunidades indígenas y afro de la zona rural, llegaron hasta Pie de Pató, huyendo del fuego cruzado entre las autodefensas gaitanistas e integrantes de la guerrilla del Eln.
Desde entonces los desplazamientos no ha parado, desde diferentes comunidades de este municipio hasta los tres puntos principales donde se concentran las víctimas de este éxodo: Catrú Central río Dubasa, Pie de Pató (cabecera municipal) y la parte norte del Nauca.
La situación es tan crítica que este desplazamiento ha sido catalogado por la Defensoría Regional como el más grande que ha ocurrido en el Chocó durante los últimos años; y que muchas de las personas que hoy atraviesan por esta situación, no es la primera vez que deben pasar por algo similar.
El riesgo de ocurrencia de esta situación había sido evidenciado por la Defensoría el 29 de septiembre del año en curso, a través de la alerta temprana 041.
Comisión interinstitucional llega a la zona
El defensor regional del Chocó encabeza una comisión que se desplazará en las próximas horas hasta estas comunidades, para verificar las condiciones en las que se encuentran y si los entes encargados están atendiendo a estas poblaciones étnicas, que hoy vuelven a ver vulnerado el derecho a convivir en armonía en sus territorios ancestrales.
El defensor Luis Murillo, quien reveló que desde el inicio de la emergencia la entidad ha enviado ya dos comisiones con la misión de articular el trabajo de las instituciones que deben atender a la población victimizada de forma integral, para garantizarles sus derechos, generando espacios y cronogramas de intervención. Contó él mismo que “en esta ocasión vamos a hacer una verificación del nivel de respuesta y cumplimiento de los compromisos”.
“Vamos a llegar a las zonas donde están alojadas las familias que están desplazadas, y a las comunidades que están en situación de confinamiento, es decir, que no han salido de sus comunidades pero que están ante un riesgo altísimo por el accionar de los grupos ilegales”, agregó el directivo.
Además, a la Defensoría llegarán representantes de ACNUR y de la Procuraduría que también harán parte de esta comisión extraordinaria.
(Noticia en desarrollo).
