Contraloría notificó incumplimientos en desvío del arroyo Bruno en La Guajira

Se trata de las órdenes quinta y octava de la Sentencia SU-698 de 2017, emitida por la Corte Constitucional, en la que pide garantizar el derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de comunidades indígenas de La Guajira, con relación al proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno que adelanta la compañía minera Cerrejón.

Respecto a la orden quinta, que tiene que ver con el estudio técnico solicitado a la mesa interinstitucional para ofrecer una respuesta informada a las incertidumbres e interrogantes sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto, la Contraloría determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para los actores que hacen parte de esta mesa.

Frente a la orden octava, que solicita el restablecimiento del paso de las aguas superficiales del arroyo Bruno hacia su cauce natural, mientras se realiza el estudio técnico a que alude el numeral quinto, la auditoría se enfocó en la evaluación al documento presentado por la mesa interinstitucional, encontrando que hay debilidades y dificultades en el proceso.

“Se presentan debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas”, dice uno de los apartes del informe de la Contraloría.

Rosa María Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, quien ha acompañado jurídicamente el proceso, señaló que para las comunidades el pronunciamiento del órgano de control es un poco tardío, pero importante para salvar el arroyo Bruno.

“En estos informes queda demostrado que las instituciones inmersas en la Sentencia no están haciendo el trabajo que les corresponde, no están jugando un papel importante en este caso y que seguimos ante escenarios de abusos de poder”, señaló.

Recordemos que, a petición de las comunidades afectadas, la Corte Constitucional reasumió el seguimiento al caso del arroyo Bruno luego de que el Gobierno Nacional avalara la continuidad de la desviación del afluente, argumentando que los estudios técnicos realizados concluyeron que el cauce desviado ha tenido una evolución acorde con lo planificado en el proyecto de modificación.

En ese sentido, la Corte pidió el pasado 29 de marzo a los órganos de control informes sobre el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia.

“Esperamos que la Corte Constitucional pueda definir acciones concretas para evitar la destrucción de un ecosistema tan importante como lo es el arroyo Bruno en La Guajira”, señaló la abogada Mateus.

Lo que dice Cerrejón

De acuerdo con lo anunciado por Cerrejón, el inicio de la temporada de lluvias en La Guajira evidenció que el nuevo cauce del arroyo Bruno ha recuperado rápidamente su flujo, tal como lo hace en las condiciones naturales.

“El arroyo ha mantenido su flujo de agua, incluso en temporadas secas, demostrando su nivel de estabilidad, capacidad de manejo de inundaciones y buen estado de su ronda hídrica”, afirmó Luis Madriñan, gerente de Gestión Ambiental de la compañía.

Sobre el desvío del arroyo Bruno

Las obras de modificación parcial del arroyo Bruno consistieron en mover 700 metros al norte un tramo de 3,6 km, replicando las condiciones físicas y bióticas naturales en la cuenca baja del afluente, en predios ubicados dentro del área de títulos mineros de Cerrejón.

El arroyo Bruno es una de las fuentes hídricas más importantes del río Ranchería que abastece de agua a más de 30 comunidades wayuu, algunas de ellas asentadas en el municipio de Albania, en La Guajira.