13 niños han muerto por desnutrición en La Guajira en lo corrido del 2021
Ante la Corte Constitucional, el viceprocurador general, Antonio Thomás Arias denunció que, en lo corrido de 2021, 13 niños han muerto por desnutrición en La Guajira, cinco menos que en 2020, pero es la cifra más alta este año en el país.
Según Arias, estos decesos se han dado debido a que se mantiene la escasez de alimento y agua en La Guajira, con lo que se está afectando especialmente a los niños y niñas, por lo que urge "el diálogo con las autoridades wayuu".
Denunció además que "no se cuenta con un mecanismo de seguimiento que permita la convergencia de las autoridades con las comunidades, lo cual permitiría que estas sean partícipes de la construcción de sus soluciones".
Sumado a este panorama, la Procuraduría General resaltó ante el alto tribunal que la pandemia del Covid-19 afectó principalmente a la niñez wayuu, debido a las falencias en el acceso al agua potable, la alimentación y la atención en salud.
Por su parte, Eduar Alirio Calderón, director nacional Anticorrupción advirtió que la Fiscalía ha priorizado los hechos de corrupción en La Guajira asociados con la atención de la niñez, logrando cuatro condenas y adelantando 29 investigaciones.
"Tenemos 52 personas vinculadas, de esas 52 se han ejecutado 32 capturas, además de dos procesos de extinción de dominio por haber incrementado su patrimonio irregularmente", indicó Asimismo, "la Fiscalía adelanta cuatro indagaciones por irregularidades en el manejo de recursos destinados al manejo de programas de alimentación por parte de las entidades territoriales".
Adicional a esto, el director explicó que "actualmente adelantamos colaboraciones interinstitucionales con la Procuraduría, para compartir información y trabajar de manera articulada y conjunta para la toma de decisiones".
Tanto la Fiscalía General como la Procuraduría y algunas entidades del Gobierno, debieron presentarse ante la Corte Constitucional para explicar qué gestiones han adelantado, en el marco de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de derechos fundamentales de niños y niñas wayuu de La Guajira.