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Definen fecha de audiencia contra Andrés Mayorquín por millonarios contratos

El exasesor de la Presidencia tendrá que responder por 24 contratos que le asignaron a su esposa Karen Váquiro.
Foto: Colprensa
María Camila Idrobo

El próximo 28 de febrero iniciará la audiencia ante la Procuraduría General de la Nación del exasesor de la Presidencia, Andrés Mauricio Mayorquín, quien tendrá que responder por 24 contratos que le asignaron a su esposa Karen Váquiro.

Los contratos que superan los 1.200 millones de pesos fueron entregados a la esposa de MayorquÍn pese a existir una presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y un conflicto de intereses, ya que Mayorquín se encontraba trabajando con el Estado y los contratos para su cónyuge provenían de diferentes entidades estatales.

"El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias”, explicó el ente de control.

La Procuraduría General ya advirtió al exasesor que esta audiencia no puede ser aplazada, pues no hay recursos para esto, y que iniciará a las 9 a.m.

Váquiro ha indicado que nunca quiso cometer una irregularidad, solo que “pequé por inocencia, por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público. No tenía idea de que estaba inhabilitada para trabajar en el mismo lugar que mi esposo”, dijo.

Por estos mismos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer si el exasesor y su esposa incurrieron en tráfico de influencias, teniendo en cuenta que Váquiro se volvió contratista con el Estado casi al mismo tiempo que su esposo ingresó a trabajar en Presidencia.

Igualmente, se entraría a establecer si en este caso se cometieron los delitos de falsedad en documento público y privado, pues Váquiro no indicó que era casada y menos con el asesor Mayorquín, con lo que además habría una violación al régimen de inhabilidades.

En este proceso se analizaría los contratos entre Váquiro y los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General de la Nación, entre otros.

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