Corte Constitucional ordena plan de descongestión de la justicia penal
La Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, que en seis meses le presente al Gobierno un plan de descongestión de la justicia penal, teniendo en cuenta que hay casos represados por varios años.
“La sentencia reprochó la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de la planeación y asignación presupuestal, porque no están exoneradas de garantizar la efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia. En la decisión, se evidenció la actitud indolente de las entidades del nivel nacional con las personas que el Estado procesa, y que por ello ostentan la condición de sujetos pasivos (parte débil) en el proceso acusatorio”, indicó la Corporación.
En la decisión, el Alto Tribunal además especificó que una vez sea entregado el plan, “el Gobierno Nacional deberá disponer lo necesario para adelantar dicho plan con los recursos suficientes para su puesta en marcha”.
Mientras se cumplen los seis meses, el Consejo Superior de la Judicatura además deberá realizar un censo para saber cuántos procesos están represados, crear un sistema de alertas para identificar los despachos judiciales congestionados, los procesos vencidos y los que estén próximos a vencer.
Finalmente, cada tres meses, el Consejo Superior de la Judicatura deberá presentar ante la Corte Constitucional un informe del cumplimiento de esta sentencia, pues se "comprobó que existen problemas de congestión judicial que afectan el eficaz funcionamiento de la jurisdicción penal a nivel nacional”.
La orden la impartió la Corte Constitucional al conocer el caso de un hombre que lleva esperando seis años una respuesta al recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia que lo condenó a doce años de prisión.
A diciembre de 2019, la congestión era de 571.869 casos. Además, en el Tribunal Superior llevaban más de un año sin respuesta a 2.031 procesos.
