La Corte Suprema de Justicia volvió a poner en el centro del debate nacional el alcance de la presunta red de compra de votos que operó en el Atlántico. Esta vez, el alto tribunal decidió avanzar de manera definitiva contra Arturo Char, al considerar que existen suficientes elementos para enviarlo a juicio por su presunta participación en una maquinaria electoral ilegal que, según el expediente, habría funcionado durante años bajo total control político.

De acuerdo con la investigación, la red de fraude electoral habría funcionado desde la sede conocida como “Casa Blanca” en Barranquilla, lugar que también sirvió como base de campaña de la exsenadora Aída Merlano, condenada por estos hechos.
Según la Corte, no se trató de un acuerdo político convencional, sino de un concierto delictivo que tenía como objetivo asegurar las elecciones de Aída Merlano al Senado, Lilibeth Llinás a la Cámara y la reelección de Arturo Char.

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¿Por qué la Corte había ordenado su captura en 2023?

En 2023, cuando el proceso todavía avanzaba en etapa previa, la Corte ordenó su captura al advertir riesgos sobre su comparecencia, pues el exsenador había fijado residencia en Estados Unidos, país del cual también tiene nacionalidad. El alto tribunal advirtió que su comportamiento generaba dudas sobre su presencia en el proceso y sobre la posibilidad de que la actividad probatoria se viera afectada.

La Corte Suprema acusa a Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravada. Para la Sala, persisten los elementos que indicarían su presunta responsabilidad dentro del esquema de manipulación de votos que funcionó en Atlántico entre 2017 y 2018.

¿Qué pruebas sustentan la acusación?

En el expediente reposan testimonios clave, entre ellos los de Aída Merlano, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosania y Edwin Martínez Salas, quienes señalan presuntas visitas de Char a la sede de Casa Blanca entre octubre y diciembre de 2018.
Además, el allanamiento a esa sede dejó en evidencia 18 computadores, listados de votantes, letras de cambio, recibos de caja, $261 millones en efectivo y un arma de fuego, elementos que la Corte considera consistentes con una operación de compra y venta de votos financiada por poderosos clanes políticos de la región, como las casas Char y Gerlein.

Según la Corte, cada persona tenía un rol definido. Uno de ellos era Adalberto Llinás, quien habría actuado como coordinador político de la estructura encargada de garantizar, entre otros objetivos, al menos 10.000 votos para la campaña de Arturo Char.

Aunque la defensa del exsenador puede interponer un recurso de reposición, si este es negado, el caso pasará a la Sala de Primera Instancia, donde se adelantará el juicio. La defensa de Char sostiene que nuevas pruebas deberían llevar a la Corte a revaluar su postura y a replantear el rol que, según ellos, se le ha atribuido equivocadamente en el proceso.