Corte Suprema condena a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos por el Cartel de la Toga
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso una pena de 123 meses y un día de prisión, equivalente a 10 años y dos meses, al exmagistrado José Leonidas Bustos, al hallarlo responsable dentro del escándalo del Cartel de la Toga, una de las tramas más graves de corrupción judicial en el país.
El fallo establece su responsabilidad como coautor impropio en los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir. En contraste, fue absuelto del cargo de tráfico de influencias de servidor público.
¿Qué determinó la Corte sobre su responsabilidad penal?
En su análisis, el alto tribunal concluyó que el exmagistrado participó en una estructura que habría facilitado el pago de sobornos para incidir en decisiones judiciales. Aunque no prosperó el cargo por tráfico de influencias, la Sala consideró probada su intervención en los otros delitos imputados.
La figura de coautor impropio implica que, sin ejecutar directamente todos los actos materiales, tuvo un rol determinante en el entramado delictivo.
¿Cuáles son las sanciones impuestas?
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia contempla:
Multa de 133.738.170 pesos.
Inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la condena.
La Corte negó la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura para que cumpla la condena en centro carcelario.
De manera paralela, dispuso tramitar una notificación roja ante Interpol, con el objetivo de ubicarlo internacionalmente si fuera necesario.
En la misma providencia, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que la Unidad de Extinción de Dominio investigue bienes que habrían sido adquiridos como producto directo o indirecto de actividades ilícitas.
Asimismo, solicitó indagar un posible delito contra la administración de justicia en actuaciones vinculadas al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y al excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold.
La sentencia no impone el pago de costas procesales y advierte que contra el fallo procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta decisión, el alto tribunal reafirma su postura frente a los casos de corrupción en la administración de justicia, en un proceso que continúa marcando precedentes en la depuración institucional del país.