Colombia conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Cada 2 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 2013, en memoria del secuestro y asesinato de dos periodistas franceses durante el cubrimiento de las elecciones legislativas en Malí.

Más que un día para reflexionar sobre los crímenes y la impunidad que rodea el ejercicio periodístico, esta conmemoración es un llamado urgente a los Estados, especialmente aquellos inmersos en contextos de violencia, a adoptar medidas concretas para prevenir agresiones contra la prensa, sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas. Todo ello, como parte del compromiso con la libertad de expresión consagrado en el Derecho Internacional Humanitario.

En el país se han registrado casos, como el ocurrido en Doncello, Caquetá, en donde La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia dejar en firme la sentencia judicial que señaló que el crimen del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar, ocurrido el 15 de febrero del 2015 “fue perpetrado por razón y ejercicio de su profesión, y por lo tanto debe considerarse como un homicidio agravado y no como homicidio simple”.

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Peralta en sus programas había denunciado hechos de corrupción en El Doncello y otros cuatro municipios del norte de Caquetá; había recibido amenazas y en una ocasión para el año 2010, dejaron explosivos frente a las instalaciones de la emisora de la cual era propietario.

Así mismo, se conoció el caso del periodista y defensor de los derechos humanos Guzmán Quintero Torres, quien fue jefe de redacción de El Pilón y corresponsal de Telecaribe. La vida del periodista fue segada el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar, por sicarios al servicio de grupos paramilitares, hasta hoy su legado permanece como símbolo de valentía y compromiso con la verdad y la libertad de prensa.

Cifras que confirman una crisis sin respuestas

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la impunidad por asesinatos de periodistas en Colombia alcanza aproximadamente el 78,8 %, y cuando se trata de amenazas, el índice llega al 98 %.

En 2024 se registraron 530 agresiones contra periodistas, un aumento frente a las 470 del 2023. De estas, 122 fueron cometidas por grupos criminales, con un incremento del 51,8 % en la participación de estos actores.

La FLIP también denunció que de los 164 asesinatos de periodistas registrados entre 1938 y 2021, “solo en una ocasión” se puede hablar de justicia plena.

En lo corrido de 2025 ya se registran dos asesinatos: el de Diomedes Farid Manrique, en Maicao, La Guajira, y el de Óscar Gómez Agudelo, en Armenia, Quindío.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, condenó el asesinato de Manrique y pidió una investigación “completa y transparente” para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

En esa misma línea, la polarización política que vive actualmente el país ha generado un ambiente propicio para agresiones y constantes ataques hacia medios de comunicación públicos. En este contexto, el Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC) ha sido víctima de obstrucciones a su labor informativa durante la cobertura de movilizaciones tanto del Gobierno Nacional como de sectores de oposición, afectando el ejercicio de la libertad de prensa consagrada en la Constitución Política.

Recientemente, el periodista y director de RTVC, Holman Morris, recibió amenazas de muerte tras la publicación de una investigación sobre una presunta víctima de los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el mar Caribe. Aunque estas amenazas ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, la preocupación y el temor entre el equipo periodístico de RTVC aumenta, pues numerosos casos de hostigamientos, insultos y señalamientos han quedado sin esclarecimiento. “Meses atrás, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por el delito de acoso en la que RTVC y yo somos víctimas, aún no se mueve en la fiscalía”, indicó Morris a través de su cuenta de X.

Asimismo, el director señaló que las amenazas contra su integridad física y contra RTVC se están convirtiendo en un hecho peligrosamente cotidiano, como consecuencia de una matriz de odio promovida por algunos sectores políticos, con afirmaciones tales como “RTVC cómplice del vandalismo” “Las Emisoras de paz son emisoras de las disidencias”. Dichas declaraciones ponen en riesgo a más de 90 periodistas que integran las Emisoras de Paz y que diariamente trabajan por la construcción de paz en zonas de conflicto.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, periodistas de diferentes regiones del país, compartieron sus

testimonios sobre amenazas, asesinatos y desplazamientos que han marcado sus carreras y sus vidas.

Para Polo Díazgranados, director del medio digital Seguimiento.co, “hechos como estos son de extrema importancia para los periodistas, no solo porque se recuerda la memoria de aquellos que murieron por tratar de contar la verdad, como ocurrió en 2003 en los municipios de Pivijay y Fundación, ambos del departamento del Magdalena, con Gustavo Ruiz Cantillo y Alonso Escobar, éste último director del periódico Fundación al Día, asesinados en 2001”.

Díazgranados agregó que este reconocimiento anual “también es como un golpe, un empujón para fortalecer a aquellos periodistas que a diario luchan por contar la verdad, pero que viven con una amenaza latente que muchas veces… nos hace irnos de los lugares donde residimos y ejercemos el periodismo para poder seguir con ese bien superior que es seguir contando la verdad”.

Por su parte, Yannis Moscote Castillo, comunicador social y presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD Magdalena), afirmó que esta fecha “más que generar una opinión, debe ser un vehemente llamado de atención”, porque “el periodismo sigue siendo una actividad profesional fácilmente vulnerable por actores armados, por poderes políticos y por quienes son los dueños del gran capital”.

Moscote recordó su propia experiencia, ocurrida en 2020, cuando fue amenazado junto a otros colegas, aparentemente por declaraciones en el medio en el cual trabajaba sobre la gestión departamental. Aquello lo llevó a recibir medidas de protección “muy paliativas”.

Igualmente, Luis Oñate, periodista independiente con trayectoria en medios nacionales, señaló que el periodismo en el departamento del Magdalena, como en gran parte del Caribe colombiano, ha sido históricamente golpeado por la violencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la delincuencia común y la corrupción política, factores que han deja profundas cicatrices en la libertad de prensa y en el ejercicio periodístico.

Aseveró que, durante años, los periodistas del territorio han tenido que enfrentar amenazas, silencios forzados y autocensura como mecanismos de supervivencia. “Me callo para cuidar mi vida y la de mi familia, era la frase que, con resignación, repetían muchos comunicadores que prefirieron dejar de informar antes que convertirse en una nueva víctima del conflicto”, destacó.

Explicó que la consecuencia fue devastadora para la comunicación local: “Los noticieros desaparecieron de las emisoras comunitarias y municipales, reemplazados por música y programas sociales, mientras los corresponsales se extinguían poco a poco de los medios regionales. En Santa Marta, la capital departamental, la autocensura también se impuso como una forma de defensa”.

Aun así, resaltó que en medio de la adversidad, el periodismo magdalenense sigue resistiendo, convencido “de que callar nunca puede ser la respuesta definitiva, y de que informar, pese a todo, sigue siendo un acto de dignidad y de fe en la democracia”.

El asesinato que marcó el periodismo en Fundación, Magdalena

El recuerdo de los periodistas asesinados sigue vivo entre los colegas que resisten, en Fundación, Magdalena, aún se lamenta el homicidio de Álvaro Alonso Escobar, ocurrido en 2001. Escobar era corresponsal de noticieros radiales y director del periódico Fundación al Día, un medio quincenal que se convirtió en una piedra en el zapato para los grupos armados ilegales.

Para el periodista Tachi Nieto, a Escobar “lo mataron por decir la verdad”. Cuestionó que este crimen, como tantos otros cometidos contra periodistas en Colombia, nunca fue esclarecido, ni se conocieron avances reales en la investigación. “Y si fue investigado, nunca lo dieron a conocer, porque a los periodistas nos callan con la sangre”, denunció.

Nieto relató que Escobar, lejos de ser una amenaza, representaba la voz de la gente, denunciando con fundamento las irregularidades en las obras públicas, los contratos y el abandono institucional. “Él no se metía con nadie, solo decía la verdad. Investigaba, preguntaba, recorría los barrios, y publicaba lo que veía. Eso no les gustaba a los gobernantes de turno”, recordó.

En ese entonces, grupos armados ilegales dominaban la región, extendiendo su poder a las decisiones políticas locales y a la vida cotidiana de los habitantes. “En una reunión de esos grupos, alguien lo señaló: lo acusaron de molestar a los gobiernos locales, de publicar lo que no debía, de investigar demasiado. Horas después, fue asesinado vilmente frente a su casa en el barrio Simón Bolívar”, narró Nieto.

El crimen causó profundo repudio y una tristeza silenciosa en el municipio. “Pocas personas asistieron a su sepelio, apenas unas siete. No por falta de afecto, sino por miedo. El mismo miedo que ha silenciado a tantos periodistas en el Caribe colombiano, obligándolos a callar o a abandonar su oficio”.

Hoy, el nombre de Álvaro Alonso Escobar sigue vivo entre quienes creen que el periodismo debe servir a la gente y no a los poderes. Su historia es también la historia de un país donde la verdad aún cuesta la vida, y donde ejercer el periodismo sigue siendo un acto de resistencia.

Emisoras de Paz: Entre el temor y la construcción de paz.

Gracias al punto 6.5 del Acuerdo de Paz, Colombia cuenta hoy con 20 Emisoras de Paz al servicio de las comunidades en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. Desde la apertura de la primera estación radial en Chaparral, Tolima, en 2016, estas emisoras han sido promotoras de mensajes de paz y reconciliación, brindando voz y visibilidad a poblaciones olvidadas por el Estado colombiano.

Sin embargo, esta labor se ha visto opacada por la creciente polarización política que atraviesa el país, la cual ha intensificado las tensiones y las agresiones hacia la prensa.

En febrero pasado, el portal informativo Infobae publicó una nota titulada: “Disidencias de las Farc en el Cauca tendrían ‘emisora propia’ para transmitir sus mensajes: esta sería la prueba”, basada únicamente en un video difundido en redes sociales y sin contrastar la información. Tales afirmaciones fueron rechazadas y denunciadas por RTVC, pero hasta la fecha no han sido rectificadas ni aclaradas por el medio. La publicación continúa disponible en la web, alimentando un ambiente de desinformación y estigmatización contra las Emisoras de Paz.

Para el caso de los periodistas de la Emisora de Paz en la zona del Catatumbo, han sido cinco años en los que su labor ha estado acompañada por las comunidades de la subregión nortesantandereana.

El respaldo desde las asociaciones campesinas, sociales, indígenas, victimas; juntas de acción comunal, la institucionalidad, ha sido fundamental para realizar el trabajo sin ningún tipo de acciones que atenden contra la seguridad del equipo periodístico pues en la región consideran que sus contenidos están orientados a mejorar la imagen de la región y a contrarrestar la estigmatización proveniente de medios de comunicación de carácter privado que buscan información de alto impacto.

Es algo para destacar pues, no obstante, ser el Catatumbo una zona afectada históricamente por el conflicto, la articulación entre los integrantes del equipo de la Emisora de Paz de Convención y los habitantes de la región, han generado “un cerco de protección y respeto a la labor periodística y a la misma integridad de los periodistas”, así lo considera Geovanny Mejía Cantor, integrante del equipo y con basta trayectoria como reportero en la zona.

Del mismo modo, Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Emisora de Paz de El Tambo, Cauca, perteneciente a la Radio Nacional de Colombia, señaló que el ejercicio del periodismo en zonas de conflicto “es hoy un escenario bastante complejo, porque eso significa que los periodistas todos los días corremos riesgos, a veces visibles, a veces invisibles”. Lamentó además que en territorios como el Cauca los asesinatos de colegas

persisten sin esclarecimiento, lo que “reviste una circunstancia mucho más negra a la hora de ejercer periodismo”.

Sin embargo, el equipo periodístico del Sistema de Medios Públicos de Colombia continúa trabajando por la construcción de paz, la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la Constitución, una línea editorial que sostiene con rigor, pero que no debería poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo.

Un llamado al Estado y a la sociedad

Los testimonios reflejan que proteger el periodismo no es solo un asunto profesional, sino una causa de democracia y derechos. Los comunicadores reunidos en esta conmemoración coinciden en un mensaje común: no se pueden normalizar los asesinatos, las amenazas ni la autocensura.

Sin una prensa libre, sin quienes se arriesgan a contar la verdad, la memoria y la democracia en Colombia pierden su piedra angular.

En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el país debe recordar las vidas que se han perdido en el ejercicio del periodismo, en la búsqueda de la verdad, en un territorio que ha permanecido sumido en la violencia durante décadas. Fortalecer la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada es una responsabilidad democrática de todas las naciones.