Gobierno y gremios impulsan régimen sancionatorio aduanero con trámite urgente en el Congreso
El Gobierno de Gustavo Petro, en articulación con los principales gremios exportadores, avanza en la consolidación del proyecto de Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa con mensaje de urgencia que será discutida en el Congreso antes del 20 de junio.
El proceso, liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ha permitido alinear posiciones entre el sector público y privado, dejando pendientes únicamente ajustes puntuales en el articulado. El proyecto busca modernizar el sistema mediante normas claras y un esquema más robusto de sanciones aduaneras, orientado a combatir el contrabando, la evasión fiscal y otras prácticas que afectan la legalidad del comercio.
Asimismo, plantea optimizar los procesos aduaneros, reducir trámites y fortalecer la lucha contra delitos como el fraude aduanero y el lavado de activos.El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, destacó que se trata de una propuesta construida de manera conjunta, que busca proteger a los actores que cumplen con la normativa vigente.
¿Cómo avanza la concertación con el sector privado?
Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior, su presidente Javier Díaz Molina subrayó que el proceso de diálogo con el Gobierno ha permitido alcanzar consensos en la mayoría de los puntos clave.El gremio anticipó que, tras una última revisión del texto, se otorgará el respaldo definitivo para facilitar su aprobación legislativa.
La urgencia del proyecto responde al cumplimiento de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-072 de 2025 anuló disposiciones previas sobre sanciones aduaneras. El fallo estableció límites a la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo, lo que obligó a estructurar un nuevo marco normativo desde el Congreso.
La iniciativa introduce un enfoque que combina garantías procesales para los usuarios con mayores herramientas para la autoridad en su lucha contra la ilegalidad. Además, busca fortalecer la seguridad jurídica, incentivar el cumplimiento normativo y generar condiciones más equitativas en el comercio exterior.
Con este respaldo político y gremial, el proyecto entra en una etapa decisiva en el Legislativo, donde se definirá su alcance y su impacto en la regulación aduanera del país.