Víctimas rechazan el reconocimiento de responsabilidad de excomandante del Batallón La Popa ante la JEP

Lo que debía ser un paso hacia la justicia se sintió, para muchos, como una nueva afrenta. Tras años de silencio y una huida que terminó en extradición, el excomandante del Batallón ‘La Popa’, Juan Carlos Figueroa Suárez, aceptó finalmente su responsabilidad por 38 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en la Costa Caribe entre 2004 y 2005.

Sin embargo, para las familias de las víctimas que llevan dos décadas buscando a sus seres queridos, las palabras del oficial no son suficientes. Organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de las víctimas calificaron el anuncio como “impreciso, tardío y vacío de contenido”.

“Las manifestaciones que observamos el día de hoy son un reconocimiento tardío, pero además impreciso y vacío de contenido, en el que no se hizo referencia alguna a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, y en los que tampoco se aportó una verdad sustancial sobre lo ocurrido”, indicó para Radio Nacional de Colombia Daniela Rodríguez, representante de víctimas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

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A pesar de que la Unidad de Investigación de la JEP vincula a Figueroa con 24 hechos criminales, que incluyen casos de tortura y desaparición, el exmilitar optó por aceptar los cargos bajo la figura de “omisión”. Según su declaración, sus subalternos actuaron a sus espaldas, mientras él supuestamente alertaba a una estructura institucional que —según afirmó— decidió ignorarlo.

Para las víctimas, esta confesión de “último minuto” parece más una estrategia jurídica para evitar una condena de 20 años que un acto de arrepentimiento genuino. La vocera hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que la justicia especial no se convierta en un nuevo hecho de lesa humanidad.

“Advertimos con preocupación que, pese a esta situación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad decidió abrir el camino hacia una audiencia restaurativa, que tendrá lugar en el mes de marzo, sin escuchar de manera previa a las víctimas ni realizar una valoración inicial sobre las manifestaciones hechas por el compareciente. Insistimos en que la justicia restaurativa no puede convertirse en una vía de indulgencia o impunidad”, sentenció Rodríguez.