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Fiduagraria debe 93% de órdenes de vivienda a campesinos desplazados: Procuraduría

De 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria presenta un rezago de 1.392 peticiones.

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de Fiduagraria, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura por el incumplimiento de la política de vivienda rural en el país, especialmente para familias campesinas víctimas del conflicto armado, y cuyo nivel de falta de ejecución llegan al 93%.

La institución hizo énfasis en los fallos judiciales de restitución de tierras, que en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con ese beneficio a familias campesinas víctimas de abandono y/o despojo.

Dice el ministerio público que de 1.489 órdenes de vivienda priorizadas durante las vigencias 2018 y 2019, se evidenció que Fiduagraria presenta un rezago de 1.392 peticiones, lo que equivale a un incumplimiento del 93% a las órdenes judiciales en esta materia. Así lo describen en un comunicado público.

Por eso, el ente de control pidió a María Cristina Zamora Castillo, presidenta (e) de Fiduagraria, el avance del contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura para la ejecución de esas órdenes de los jueces de restitución. Y requirió al ministerio informar las razones del rezago en la política y el plan de trabajo para el cumplimiento de las órdenes de jueces de restitución.

Al presidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Mejía, la Procuraduría también le hizo una solicitud: informar cuáles fueron los motivos por los cuales no se han ejecutado los programas de vivienda rural digna para familias campesinas víctimas del conflicto armado.

El ente de control hizo un llamado al Gobierno Nacional a realizar los ajustes institucionales necesarios para que la política de vivienda rural destinada a las víctimas de despojo y abandono de tierras se adecúe a los propósitos de la reparación integral, de manera que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, como lo advirtió la Corte Constitucional.

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