Recompensa millonaria contra el fraude: el Gobierno pone precio a la denuncia de delitos electorales
En un nuevo intento por blindar el proceso democrático, el Gobierno nacional anunció que entregará hasta $50 millones a quienes aporten información que permita identificar y judicializar responsables de delitos electorales, especialmente la compra de votos y el llamado trasteo de votos o trashumancia.
La iniciativa, que será formalizada mediante acto administrativo, fue revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras varias sesiones de Seguimiento Electoral en coordinación con el Ministerio de Defensa.
¿Por qué el Gobierno ofrece una recompensa por delitos electorales?
Según explicó Benedetti, en los comités de seguimiento se evidenció que prácticas como la trashumancia y la compra de votos no estaban siendo abordadas con suficiente contundencia. De allí surgió la propuesta de ofrecer un incentivo económico que fortalezca la denuncia ciudadana.
“El ministerio ha realizado varias reuniones de Seguimiento Electoral junto al Ministro de Defensa. Hemos visto que no se habla de estos delitos. Vamos a ofrecer 50 millones de pesos de recompensa a quien informe sobre estos hechos”, indicó.
La estrategia apunta a romper el silencio que, según el funcionario, persiste en distintas regiones donde estas conductas son conocidas públicamente, pero no siempre denunciadas formalmente.
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La decisión se produce luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara a la Policía Nacional de Colombia actuar con mayor firmeza frente al fraude electoral y proceder con la captura de quienes incurran en estas conductas.
Benedetti sostuvo que este tipo de delitos suele concentrarse en ciudades con alta densidad poblacional, por lo que insistió en la necesidad de identificar los puntos críticos donde se estarían comprando votos.
La instrucción presidencial, según el Gobierno, busca enviar un mensaje claro sobre la defensa de la legitimidad electoral y la transparencia democrática.
¿Cómo se reforzará la seguridad en la jornada electoral?
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la medida y subrayó que la protección de la democracia no depende únicamente de la fuerza pública, sino también de mecanismos que incentiven la transparencia.
“La nación no solo se protege con las armas, sino también con la transparencia”, afirmó.
Como parte del dispositivo institucional para la próxima jornada del 8 de marzo, el Ejecutivo anunció el despliegue de 142 mil policías en todo el territorio nacional. El objetivo será garantizar el orden público, vigilar los puestos de votación y prevenir prácticas irregulares que afecten el desarrollo de los comicios.