Gobierno refuerza control ante incumplimientos tarifarios en transporte intermunicipal
El Ministerio de Transporte advirtió un incumplimiento generalizado en el reporte obligatorio de información tarifaria por parte de las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros. Según el balance oficial, solo 52 de las 519 compañías habilitadas cumplieron con la entrega de datos correspondientes al último trimestre de 2025, lo que representa apenas el 10 % del total.
Este reporte es un requisito legal clave para sustentar cualquier ajuste en los precios de los pasajes y permitir la vigilancia estatal sobre la estructura de costos del sector.
La omisión de este deber impide verificar la legalidad de los incrementos en las tarifas y limita la capacidad de control del Estado. De acuerdo con la cartera de Transporte, las empresas que no cumplieron operan cerca de 16.000 rutas intermunicipales en el país, lo que amplifica el impacto del incumplimiento sobre millones de usuarios.
Ante esta situación, la Superintendencia de Transporte inició procesos de investigación administrativa contra las compañías que no entregaron la información exigida.
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¿Habrá aumentos de tarifas sin justificación técnica?
El Gobierno fue enfático en cerrar esa posibilidad. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que no se autorizarán incrementos que no estén debidamente sustentados.
“No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico y sin transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, afirmó.
La funcionaria reiteró que la transparencia tarifaria es un principio fundamental para proteger a los pasajeros y evitar abusos en el cobro del servicio.
¿Qué medidas adoptará el Ministerio de Transporte?
Frente al bajo nivel de cumplimiento, el Ministerio anunció que avanza en la estructuración de una actuación administrativa de carácter general, con la que se exigirá a todas las empresas habilitadas ponerse al día de manera inmediata con el reporte de la información tarifaria.
La decisión busca fortalecer la supervisión estatal, ordenar el sistema de costos y garantizar que los precios reflejen criterios técnicos verificables.
Como complemento a las acciones administrativas, la Superintendencia de Transporte habilitará una herramienta de consulta pública en su sitio web. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán conocer qué empresas han cumplido, desde cuándo realizaron el reporte y cuál era la tarifa registrada en ese momento.
Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca cerrar espacios a incrementos injustificados, reforzar el control ciudadano y garantizar mayores niveles de transparencia en la prestación del servicio de transporte intermunicipal de pasajeros.