Iglesia católica insiste en salida negociada al conflicto en zonas rurales
La Conferencia Episcopal colombiana insistió en que debe existir un diálogo entre el Gobierno Nacional y los grupos armados ilegales, para detener el desplazamiento forzado y los confinamientos de las comunidades indígenas del Pacífico, Antioquia y otras zonas de Colombia.
Cerca de 2.200 personas que hacen parte del resguardo indígena de Murindó (Antioquia), desde hace por lo menos cinco semanas han venido sufriendo una crisis humanitaria, por lo se han tenido que desplazar y se han visto en medio del fuego cruzado, debido al enfrentamiento entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas, así lo señaló monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.
“Insistimos ante el Gobierno Nacional, para que abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado, pues la guerra desatada que se libra en estos momentos en territorios de Antioquia, la costa pacífica y otras regiones del país, hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin, que destruirá la vida de muchas personas”, explicó monseñor Barreto.
El obispo de Quibdó afirmó, que desde la dirección central del Eln es indispensable que se ordene el desminado de viviendas, escuelas y lugares de tránsito de estas comunidades indígenas, lo cual no ha permitido que puedan desplazarse con libertad por sus territorios.
“A los grupos armados les hacemos un llamado a la conciencia, con el objetivo de que reconozcan que su accionar es absolutamente nocivo para la población civil. Mientras avanzamos en procesos sólidos de paz, deben observar el derecho internacional humanitario y no deben afectar el discreto goce de derechos humanos que tienen las comunidades”, agregó el encargado de la iglesia en el Chocó.
Monseñor Barreto además indicó que muchas de estas comunidades, hasta ahora están recibiendo asistencia humanitaria luego de varias semanas, y que en una visita que se realizó a poblaciones indígenas, se habría podido comprobar que podría existir una relación entre miembros de la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.