En la etapa final de la campaña presidencial, el economista y exministro José Manuel Restrepo se ha convertido en una de las principales voces técnicas de la candidatura de Abelardo de la Espriella. A través de entrevistas y espacios públicos, ha defendido distintas propuestas económicas, entre ellas aumentar la edad de pensión de los adultos mayores, impulsar el fracking y eliminar el denominado “impuesto saludable”.
Debido a su papel como vocero económico de la campaña, distintos medios y sectores políticos han recordado su paso por el Gobierno nacional, primero como ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente como ministro de Hacienda durante la presidencia de Iván Duque. En particular, se ha puesto la atención sobre el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que al finalizar esa administración rondaba los 36 billones de pesos.
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Este tema ha sido mencionado en repetidas ocasiones por el presidente Gustavo Petro, quien junto con su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, impulsó medidas para reducir el déficit acumulado del FEPC. Según ha sostenido Petro, dicho déficit se originó porque durante el gobierno de Iván Duque se mantuvo congelado el precio de los combustibles mientras los precios internacionales aumentaban, generando una diferencia que debía ser cubierta por el mecanismo de estabilización. De acuerdo con esa explicación, la situación terminó afectando las finanzas públicas y la relación financiera con Ecopetrol.
Restrepo llegó al Ministerio de Hacienda en mayo de 2021, tras la salida de Alberto Carrasquilla, quien renunció luego del fallido intento de aprobar una reforma tributaria que incluía gravámenes a productos de la canasta básica y desencadenó el paro nacional de ese año. Al asumir el cargo, recibió el encargo de estabilizar las finanzas públicas, garantizar recursos para programas sociales y recuperar la confianza en la política económica del Gobierno.
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Entre las principales medidas impulsadas por Restrepo estuvo una nueva reforma tributaria, aprobada a finales de 2021, que aumentó la carga tributaria sobre las empresas, sin distinguir su tamaño o sus ingresos, a pesar de que muchas apenas habían logrado seguir existiendo tras el Covid-19. Durante su gestión también se mantuvieron programas sociales orientados a poblaciones especialmente afectadas por la pandemia y se avanzó en la financiación de iniciativas como la matrícula cero para estudiantes de educación superior pública, uno de los compromisos realizados por Duque tras las movilizaciones estudiantiles de 2019.