La Fiscalía General de la Nación reafirmó su compromiso con el esclarecimiento del atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En un comunicado oficial, la entidad aseguró que trabaja con total independencia y objetividad para identificar y judicializar a los responsables materiales y determinadores del hecho, así como establecer los móviles criminales que motivaron el ataque.
Apoyada por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial de la Policía Nacional, la Fiscalía explicó que está utilizando todos los recursos técnicos, científicos y operativos disponibles.
En esta etapa de la investigación, el proceso se mantiene bajo estricta reserva con el fin de garantizar la integridad de las pruebas, proteger a los testigos y evitar interferencias que puedan afectar el curso de las indagaciones.
La entidad rechazó con firmeza la filtración de elementos materiales probatorios y la circulación de hipótesis sin fundamento, que considera “especulaciones apresuradas” y señaló que estas actuaciones generan desinformación, confusión en la opinión pública y ponen en riesgo la eficacia del proceso judicial.
Además, reiteró que como titular del ejercicio de la acción penal, es la única vocera autorizada para informar los avances que no estén cobijados por reserva legal.
Inicialmente, la coordinación del caso se realizaba mediante un Puesto de Mando Unificado instalado en la Policía Metropolitana de Bogotá.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la incorporación de funcionarios como los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por solicitud del presidente de la República, alteró la naturaleza del espacio.
Ante esta situación, la fiscal general ordenó que toda coordinación se realice exclusivamente en las instalaciones de la entidad y bajo su control directo. Esta decisión ya fue comunicada al director de la Policía Nacional y al director de la DIJIN.
En su comunicado, la Fiscalía agradeció el trabajo de los organismos de inteligencia, pero solicitó que la información suministrada sea verdaderamente útil para la investigación.
El ente de control también recordó que, según el artículo 35 de la Ley 1621 de 2013, los informes de inteligencia y contrainteligencia no tienen valor probatorio en los procesos judiciales.
Asimismo, hizo un llamado a las demás instituciones del Estado, medios de comunicación, actores sociales y ciudadanía para que aporten cualquier material o información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento del atentado y la judicialización de los responsables.
Sobre la solicitud del presidente Gustavo Petro para que se autorice una comisión internacional de investigación de la ONU, la Fiscalía manifestó que cuenta con plena legitimidad y solidez institucional para adelantar el proceso.
La entidad destacó que el atentado ocurrió hace pocos días y ya se dispone de evidencia técnica clave que permitirá avanzar con éxito en la investigación.
Finalmente, en relación con una grabación mencionada por el presidente Petro en Cali, presuntamente entre narcotraficantes, la Fiscalía aclaró que lo recibido corresponde a un audio entre particulares con contenido conspirativo en contra del mandatario, el cual ya está siendo analizado en una indagación reservada.