Sergio Fajardo enfrenta cargos por presuntas irregularidades en el contrato del túnel del Toyo
Según ha informado el ente de control, durante su mandato en el periodo 2012-2015, Fajardo habría suscrito directamente un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto, los cuales ascendían a más de 1,3 billones de pesos.
La Procuraduría ha expresado que Fajardo no podía desconocer ni modificar las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, las cuales establecían obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Asimismo, señalaron que era pertinente la contratación de una fiducia a través de una licitación pública. Además, indicaron que el Idea no contaba con la capacidad necesaria para asumir las obligaciones del contrato, ya que no es una sociedad fiduciaria y, por lo tanto, no cumple con los roles y funciones correspondientes.
Entre las irregularidades mencionadas por la Procuraduría, se destaca la inviabilidad jurídica de que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio que modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración, omitiendo la selección objetiva y habilitando la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea.
El auto emitido contra el exgobernador de Antioquia sostiene que "aparentemente fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó y dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no solo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino también vulnerando los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea".
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Tras las presuntas irregularidades encontradas, la Procuraduría ha calificado la conducta del exgobernador como una falta gravísima cometida a título de dolo.
En el mismo auto, se ha archivado la investigación para Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de alcalde de Medellín durante la época de los hechos, así como para otros funcionarios involucrados en el caso, incluyendo a la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda Jiménez, el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón, y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa.
También se ha archivado la investigación para otros implicados, como el subsecretario técnico de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, Héctor Alonso Gómez Giraldo, el asesor de ese despacho, Juan Martín Salazar Vélez, la exdirectora financiera de Proyectos Financieros de Antioquia, Lina Marcela Moncada Hincapié, el exgerente de Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Carlos Rengifo Ramírez, y el representante del Instituto Nacional de Vías, Orlando Ortiz Gómez.
