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Imputan cargos a exgobernador de Vaupés por irregularidades en contratación

La Fiscalía imputó cargos al exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez, por el presunto direccionamiento de contratos por más de 11 mil millones de pesos.
Fiscalía imputó cargos a exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez
Foto de: Colprensa
María Camila Idrobo Munevar

La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación al exgobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez, por el presunto direccionamiento de contratos por más de 11.000 millones de pesos para brindar asistencia técnica agropecuaria a las comunidades indígenas de Mitú, Carurú y Taraira.

Según la investigación, estos contratos fueron realizados entre marzo de 2018 y febrero de 2019, los cuales superaron los 11.069 millones de pesos e incluso tuvieron sobrecostos por más de 3.263 millones de pesos, producto de derogaciones que superaron los precios promedio del mercado.


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Igualmente, en el proceso se conoció que la contratación habría sido direccionada para que quedara en manos de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia de Mitú (Amcafami), pese a que no cumplía con los requisitos para ejecutar los contratos. 

“Se acreditó que fue escogida una asociación que no tenía por objeto la prestación de servicios de asistencia técnica rural o de extensión agropecuaria, ni figuraba en el registro de usuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Amcafami no estaba capacitada para cumplir con las actividades exigidas para orientar el desarrollo proyectos productivos”, indicó la Fiscalía.

Adicional a estas irregularidades, el ente acusador detectó que antes de estos contratos, no se realizaron las consultas previas con los pueblos indígenas que serían beneficiados, tampoco se gestionaron los permisos ambientales, ni se hicieron los estudios de mercado para tener claridad sobre el presupuesto de regalías que sería destinado.

Finalmente, el exgobernador Vásquez habría excedido sus competencias, pues la contratación del servicio público de asistencia técnica agropecuaria les corresponde a los municipios, y no la gobernación.

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