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Fiscalía imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué por presunto direccionamiento de contrato para alimentación de animales

La mandataria local, tres funcionarios y un contratista fueron vinculados a un proceso por un contrato suscrito en 2024 para el suministro de comida destinada a perros y gatos del centro de protección animal de la ciudad. Ninguno aceptó los cargos.
Imputada alcaldesa de Ibagué Johana Ximena Aranda Rivera
Facebook Johana Aranda
Radio Nacional de Colombia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, así como a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal y a un contratista, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de la capital tolimense.

De acuerdo con el ente investigador, junto a la mandataria fueron procesados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; Edward Amaya Márquez, exsecretario de Gobierno; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.


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Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno y presuntamente habría dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que prestaba servicios de aseo a la Alcaldía y a instituciones educativas de la ciudad.

La Fiscalía señaló que los funcionarios involucrados habrían celebrado el contrato pese a que la empresa seleccionada no tendría experiencia ni relación con el suministro de alimentos para perros y gatos, objeto principal del proceso contractual.

Además, el ente acusador indicó que presuntamente se elaboraron estudios con precios alejados de las condiciones reales del mercado y se solicitaron cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el eventual adjudicatario. También se advirtió que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían vínculos de parentesco.

En el caso del contratista Ernesto Alfonso Quiroga, la Fiscalía sostiene que habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido cerca de 35 millones de pesos en sobrecostos, específicamente 34.991.000 pesos.


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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó, según la participación de cada uno de los involucrados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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