Alegatos finales de Fiscalía revelan montaje con cartas redactadas por aliados de Uribe
Durante los alegatos finales del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, desvirtuó la validez de tres cartas usadas por la defensa para desprestigiar al senador Iván Cepeda.
Según la Fiscalía, los documentos fueron obtenidos en una reunión gestionada por personas cercanas a Uribe y están marcados por irregularidades que comprometen su autenticidad y valor probatorio.
La Fiscalía señaló que dichas cartas, firmadas por los internos Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo Mármol, fueron producto de un encuentro en la cárcel de Cómbita coordinado por el abogado Diego Cadena, el asesor Fabián Rojas y la abogada Ángela Milena López, quienes actuaron como emisarios de Uribe.
La fiscal sostuvo que “el contenido de las cartas no fue espontáneo ni autónomo”, sino dictado a terceros que actuaron como redactores, lo cual vicia de raíz su credibilidad.
En el caso de Giovanni Cadavid, la Fiscalía reveló que “reconoció haber dictado la carta a la doctora Ángela porque tenía mala letra y ortografía”. El documento fue redactado íntegramente por la abogada López, quien admitió haber hecho correcciones de estilo.
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Por su parte, Cadavid también confesó no saber con certeza a dónde iba dirigida la misiva y, más grave aún, incurrió en contradicciones al referirse a la presencia de Diego Cadena.
Inicialmente aseguró no conocerlo, pero luego admitió que sí estuvo presente durante la reunión y que sus compañeros hablaron con él.
En cuanto a Máximo Cuesta, también testigo clave de la defensa, aceptó bajo juramento que “la carta fue escrita por la doctora Ángela porque nosotros prácticamente no tenemos estudios y ella tiene la capacidad para hacerlo”. Relató que el contenido fue dictado verbalmente y redactado a mano en el área de visitas.
No supo precisar el destino final de la carta, aunque supo después que fue enviada a la Corte Suprema de Justicia. Además, reconoció que el interés en declarar contra Iván Cepeda surgió seis años después de los hechos, en 2018.
La periodista Gisela Matamoros, otra testigo presentada por la defensa, también fue blanco de señalamientos. La Fiscalía cuestionó su falta de precisión y claridad. “Reconoció su afinidad ideológica con Uribe y no pudo explicar con exactitud de dónde provino la información sobre el traslado del recluso apodado ‘El Cubano’”, afirmó la fiscal.
Matamoros dijo no recordar quién le dio la información, cómo la verificó, ni si fue ella quien contactó a Fabián Rojas para compartirla. Su testimonio resultó “de escasa utilidad”, según la fiscal, al presentar “confusión entre episodios y versiones contradictorias”.
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La fiscal Orjuela advirtió que estas inconsistencias no son menores, ya que “demuestran que las pruebas presentadas por la defensa no solo fueron construidas en condiciones irregulares, sino que hacen parte de un esquema deliberado de manipulación probatoria”. En esa línea, afirmó que los testimonios en cuestión “no pueden considerarse confiables ni válidos” dentro del proceso, dado que su origen estuvo marcado por intervenciones externas, intereses políticos y falta de garantías procesales.
Finalmente, con estos elementos, la Fiscalía sostiene que se configura un patrón de comportamiento que involucra al acusado en un intento por obstruir la justicia mediante pruebas fabricadas, con el propósito de desacreditar al senador Iván Cepeda y revertir decisiones judiciales previas.
