Las visiones frente al caso de Aníbal Gaviria y la decisión de la Fiscalía

El pasado viernes 5 de junio, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento con prisión domiciliaria para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presunta corrupción en contratación durante su primer periodo de mandato entre 2004 y 2007.

"El contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia", aseguró el ente acusador en su momento.

Por ahora, Luis Fernando Suárez Vélez, secretario de Gobierno de Antioquia, fue designado por el presidente Duque para asumir las riendas del departamento, mientras se define la situación de Gaviria. Sin embargo, aún quedan varios interrogantes frente a las causas y las medidas tomadas en este caso.

“Está claro que es una decisión política”: Aníbal Gaviria

En entrevista con el programa Señal de la Mañana de Radio Nacional, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que se trató de una decisión política en medio de un proceso que se da 15 años después.

“La decisión política no fue la reapertura del proceso, la decisión política fue la del viernes. Está claro que es una decisión política o que yo no sé cuál fundamento tiene, porque lo que es un fundamento jurídico no lo tiene, no lo está diciendo Aníbal Gaviria, sino que lo dice el país entero”, aseguró.

El mandatario señaló que la medida judicial aplicada es ‘completamente desproporcionada’. “A la luz de todo ese inmenso grupo de personas e instituciones que la han rechazado, es completamente improcedente y sin fundamento legal”, agregó.

Para Gaviria, estos hechos representan una gran injusticia y una arbitrariedad, señaló que esto genera es una gran desconfianza en las instituciones de justicia, lo que consideró muy grave para el país.

“Y yo creo que por eso se ha presentado ese gran rechazo, no solo, y lo digo con orgullo, porque el país reconoce mi trayectoria y mi transparencia y ve con estupor que a mí se me trate como a un chivo expiatorio, pero más allá de eso, lo que rechaza el país es la desviación de la justicia, el mal funcionamiento de la justicia y de la Fiscalía y a eso es lo que yo quiero llamar la atención”, recalcó.

El proceso

El gobernador expuso que el proceso que se le adelanta es por las obras de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca antioqueño y el Puente La Libertad en el municipio de El Bagre en la misma subregión de Antioquia. Resaltó que no hubo ningún incumplimiento en cuanto a la ejecución ni el valor de estos trabajos.

“Está probado por la Contraloría de Antioquia y por el propio departamento cuando liquidó el contrato, que las obras se realizaron en los presupuestos definidos, por debajo de los tiempos planeados, con la calidad que demuestran que hoy funcionan y han funcionado por 15 años de forma ejemplar, sin ningún sobrecosto y sin que se haya perdido ningún peso”, señaló.

Los anticipos

Uno de los puntos que se cuestionan en estas obras son los anticipos entregados. El contrato se firmó en el año 2005 con un costo de 41.663 millones de pesos y terminó en el año 2010, con un valor 61.993 millones. Gaviria argumentó que no firmó los contratos ni las adiciones, sino que esto estuvo en manos de las personas que estaban delegadas en la Gobernación de Antioquia.

“La delegación está instituida en el artículo 211 de la Constitución Nacional y la delegación en un departamento como Antioquia, no es una prerrogativa del gobernador, sino prácticamente una obligación, para poder ejecutar miles y miles de contratos a través de las diferentes secretarías”, explicó.

De esta manera, el mandatario sostuvo que, en ejercicio de esa delegación, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y todo su equipo desarrollaron estos proyectos.

“Los hicieron en forma ejemplar, cuando hablo de la delegación estoy especificando cómo se hizo, pero no estoy diluyendo la responsabilidad en estas personas, porque considero que lo hicieron apegados a la ley y además en forma ejemplar en los resultados”, afirmó.

Respecto a la viabilidad de las adiciones, indicó que es algo habitual en Colombia, teniendo en cuenta que la ley 80 establece que los contratos pueden adicionarse hasta el 50 por ciento y que las modificaciones se hicieron durante el desarrollo.

“Nunca se sobrepasó el 50 por ciento, como no se ha hecho en muchos contratos en este país, que de ninguna manera han tenido el tratamiento que ha tenido este. Si usted adiciona en un 40 o 45 por ciento está cumpliendo la ley y mucho más si las adiciones contribuyeron a obras en el territorio que se realizaron dentro de los presupuestos, siguiendo todos los cánones legales, pero además sirviendo enormemente a la comunidad”, aseveró.

Sobre el porcentaje de los anticipos, el gobernador suspendido manifestó que eso no constituye una irregularidad ni un delito, y sostuvo que esos son cambios no sustanciales, que están también establecidos y se producen de forma muy cotidiana.

“Los anticipos no son un pago mayor al contratista, sino simple y llanamente, como su nombre lo indica, se dan los anticipos y el contratista después los tiene que amortizar y está también establecido en el proceso que el contratista amortizó el 100 por ciento de los anticipos”, dijo.

Por otro lado, también rechazó el anunció de la investigación que se adelantará dentro del mismo caso contra los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos. “Si la mía es absurda, la de ellos mucho más, eso es tapar un error con otro más grande”, agregó.

“La actuación de la Fiscalía ha sido totalmente excesiva”: penalista

En entrevista, Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, explicó que es normal que se reabra una investigación después de 15 años porque apareció información nueva, pero considera que la irregularidad está en que se ordenó la detención inmediata de Gaviria.

“¿Eso es normal? No, ¿Eso está bien? No. Uno de los requisitos para detener a un ciudadano es que haya una urgencia, pero 15 años después qué urgencia va a haber. Adicionalmente, los argumentos por los cuales el gobernador es un peligro para la sociedad se hubiera podido resolver de otra forma”, argumentó.

Para el jurista, la actuación de la Fiscalía ha sido totalmente excesiva en este caso, sobre lo que citó varios puntos: el tiempo transcurrido, que el mandatario nunca se ha volado y ha comparecido a todas las investigaciones que le han hecho, sumado que está en un cargo de gobernador, además del tiempo de confinamiento actual.

“Sí hay un mensaje que no es el correcto y súmele otro elemento, desde el lunes está circulando una versión según la cual se iba a capturar un número importante de alcaldes y gobernadores. Entonces desestabilizar la política regional a punta de cárcel me parece un pésimo mensaje”, destacó.

Bernate aclaró que estas medidas no son malas y que son necesarias cuando hay casos donde se ejerce actos de corrupción desde el cargo, ante lo cual las autoridades deben actuar. Anotó que lo que está mal es que se abuse de esa medida y que se tomen decisiones de “carácter irracional”.

“Eso tiene un recurso de apelación que él puede interponer, que va a conocer el despacho de la señora vicefiscal. Pero ella estuvo muy sonriente acompañando al fiscal general cuando hizo este anuncio, entonces qué garantías tiene el ciudadano de que esta señora va a ser imparcial”, sostuvo.

El abogado penalista indicó que el lapso de investigación es 18 meses y que el término mínimo de detención va a ser de un año. “De manera que desafortunadamente va a tomar su tiempo”, concluyó.