Gobierno expide decreto que protege a las mujeres buscadoras
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras (Ley 2364 de 2024) y define las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento.
La norma representa un avance en el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las víctimas de desaparición forzada, en particular con las mujeres que han sostenido procesos de búsqueda, memoria y exigencia de justicia en el contexto del conflicto armado.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el decreto establece un marco de garantías para que las mujeres buscadoras de personas desaparecidas puedan acceder de manera efectiva a la justicia, la salud integral, la educación, el trabajo, la autonomía económica y la vivienda.
Asimismo, incorpora su vinculación a programas sociales y culturales, así como a mecanismos de prevención, atención y protección frente a violencias, incluidas las violencias de género asociadas a su rol como buscadoras.
¿Cuál es el requisito para acceder a las medidas?
El acceso a las disposiciones previstas en el decreto estará sujeto a la inscripción en el Registro Único de Mujeres Buscadoras, un instrumento que deberá ser diseñado y operado por la Unidad para las Víctimas.
La entidad contará con un plazo máximo de 10 meses desde la entrada en vigencia del decreto para poner en funcionamiento este registro, clave para la articulación institucional y el seguimiento de las medidas.
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El decreto incorpora acciones de sensibilización, memoria y reconocimiento, orientadas a visibilizar el papel de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos.
Entre las iniciativas planteadas está la promoción ante organismos internacionales, como las Naciones Unidas, para impulsar el reconocimiento del Día Mundial de las Mujeres Buscadoras de personas desaparecidas.
La reglamentación también prevé medidas para el reconocimiento de los saberes y experiencias de las mujeres buscadoras dentro del sistema educativo, promoviendo su participación en espacios pedagógicos que aporten a la memoria histórica, la sensibilización social y la construcción de paz.
Además, se establecen mecanismos para fortalecer su participación en procesos de paz, garantizando su inclusión en la vida comunitaria y nacional mediante formación, acompañamiento psicosocial, garantías de seguridad y representatividad.
Estas acciones buscan consolidarlas como actoras clave en los procesos de verdad, memoria y no repetición, e incorporar sus experiencias en la formulación de políticas públicas de paz.
El ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, afirmó que la expedición del decreto responde a una obligación histórica del Estado.
Señaló que la medida dignifica la labor de las mujeres buscadoras y compromete a las entidades nacionales y territoriales a atender de manera prioritaria sus necesidades, en un país que registra miles de personas desaparecidas como consecuencia del conflicto armado.