Más de 400 mil miembros de la Fuerza Pública fueron víctimas del conflicto en Colombia

Son 750 páginas las que contiene el informe que narra los efectos que tuvo el conflicto para los miembros de las Fuerzas Armadas en el país.

Durante este periodo, 403.353 militares en el país fueron víctimas, de acuerdo con el documento denomonado ‘Aporte a la Verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica', entregado este viernes al presidente Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad.

“Si bien se han presentado hechos individuales relacionados con afectaciones por homicidios en persona protegida y vinculación al paramilitarismo, estos no obedecen a un actuar generalizado de las instituciones militares y de policía. Los colombianos han sido testigos de la noble entrega a la patria, de la grandeza e institucionalidad con las que cientos de miles de hombres y mujeres soldados y policías, han actuado siempre guiados por los valores y principios, así como por el profundo respeto por la Constitución, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, se lee en el inicio del informe.

Secuestro

Frente a las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidos contra miembros de la Fuerza Pública, el documento explica que entre 1970 y 2010, se reportaron en el país 39.058 casos de víctimas de secuestro de los cuales 1.643 fueron miembros de la Fuerza Pública.

“El 87,52% de los secuestros de miembros de la Fuerza Pública ocurrieron entre 1990 y 2002, donde el 27,27% tuvo lugar en la zona de retaguardia estratégica y de permanencia histórica de las FARC, lo que coincide con que este grupo armado ilegal haya sido el autor del 38,22% de los secuestros de miembros de la Fuerza Pública ocurridos en todo el país, seguidos por el ELN, con el 10,47%”, dice el informe.

Estos secuestros se concentraron en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare y en el 41% de los casos los policías y militares eran escogidos para ser víctimas de este delito, seguido de las tomas guerrilleras con un 27%, la pesca milagrosa o retén con un 23%, en emboscada con 3% y en modalidad de canje en un 1.22%

El objetivo de estos secuestros a diferencia de la mayor parte de los ejecutados en contra de la población civil tuvieron motivaciones estrictamente políticos con las cuales se buscaba presionar al Gobierno y a las instituciones del Estado a responder a sus exigencias centradas en el acceso a negociaciones, que no solo les garantizara la cesión temporal de territorios sin presencia del Estado, sino que les brindara estatus de beligerancia para, con posterioridad, obtener reconocimiento político.

De la misma manera, dice el informe que el secuestro contra  miembros de la Fuerza Pública sirvió a los grupos armados ilegales como un medio de retaliación por las operaciones que desarrollaban y para realizar intercambios humanitarios.

Artefactos explosivos 

Este informe revela además que 7.112 militares y policías resultaron afectados por minas  antipersonales en el país, de los cuales el 79,81% quedaron heridos y 20,19% murieron. El mayor número de víctimas se concentró en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá y Norte de Santander.

De acuerdo con el informe el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados  obedeció a la existencia de un plan emanado de la más alta dirección de estas organizaciones ilegales.

El uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados contra miembros de la Fuerza Pública tenía el objetivo, según el informe de evitar la persecución cuando ocurrían combates, retrasar el desplazamiento de las tropas para evitar operaciones que procuraban la captura de algún cabecilla o evitar el desarrollo de operaciones de control territorial.

“En estos casos, los grupos armados ilegales tenían conocimiento de los posibles lugares por donde transitaba la tropa y los movimientos que esta realizaba, de esta manera instalaban campos minados”, dice el informe.

El informe presentado por el Ministerio de Defensa también habla sobre los ataques que los grupos al margen de la ley ejecutaron en contra de bases militares, en donde dicen que entre 1996 y 2002 se registró el mayor número de ataques a estos lugares durante el conflicto armado, en donde las Farc fueron los mayores perpetradores.

Desaparición forzada 

Frente a la desaparición forzada el informe revela que se han presentado 6.408 casos al interior de las Fuerza Militares, de los cuales el 67,82% corresponden a hechos ocurridos 1997 y 2005. Del total de víctimas, la mayoría de ellas fueron producto de acciones perpetradas por las FARC-EP, seguido por el ELN.

1998 fue el año en el que se produjo el número más elevado de víctimas, lo que se explica por la presión ejercida por parte de la guerrilla para acelerar los diálogos de paz con el Gobierno nacional, reposa en el documento y añade que, según cifras de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, para 2003 este delito se volvió a agudizar como respuesta a la implementación de la Política de Seguridad Democrática.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con el informe se presentaron en el país 130.301 víctimas, entre 1964 y 2015, siendo el período comprendido entre 2006-2015 el que mayor número de reportes presenta con un 81,15%.

“Una explicación propia para este aumento desmedido está en la idea del desplazamiento de miembros de las Fuerzas Militares como una de las estrategias empleadas por parte de los grupos armados ilegales, especialmente de las FARC-EP, para tratar de subsanar la derrota estratégica que atravesaban por aquellos años”, resalta el documento.

Cómo se compone el informe 

Este informe inicia con un recuento histórico de los principales momentos que marcaron la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI, considerando sus impactos en la doctrina militar.

Posteriormente avanza sobre la evolución del despliegue territorial de la Fuerza Pública en respuesta a las circunstancias de orden público del país y luego habla de la aplicación de la normatividad en términos de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Defensa.

Luego plantea la discusión alrededor de los patrones sistemáticos de violencia a los miembros de la Fuerza Pública y sus repercusiones en términos de victimización y concluye con un recuento de los principales aportes de la Fuerza Pública a la construcción de paz.

Ante este panorama el el Gobierno le pidió a la JEP abrir un macrocaso al respecto.