El debate sobre la seguridad de las comunicaciones oficiales volvió al centro de la agenda pública luego de que se confirmara que el celular del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue intervenido con el software espía Pegasus, una herramienta conocida mundialmente por su capacidad para infiltrarse en dispositivos de altos cargos.

La detección se dio a partir de un análisis técnico encargado por el propio ministro a un investigador privado, tras sospechas de interceptaciones. El peritaje externo confirmó la presencia del programa, un hallazgo que encendió las alarmas en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

¿Qué dice el Gobierno sobre la posible interceptación ilegal?

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, fue uno de los primeros en exigir claridad sobre el episodio y advirtió que se trataría de una interceptación ilegal.

“Queremos saber quién dio la orden”, señaló Idárraga, quien insistió en que las instituciones deben rechazar de manera tajante este tipo de acciones y que los eventuales responsables en los organismos de inteligencia deberán rendir explicaciones.

El Gobierno reiteró su respaldo a Benedetti y pidió que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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¿Por qué el ministro acudió a un perito externo?

El programa espía no fue identificado por la Dirección Nacional de Inteligencia ni por la Policía Informática. Benedetti aseguró que prefirió un análisis independiente por la baja confianza en que entidades estatales pudieran manejar una revisión de esta complejidad.

El ingeniero contratado realizó un proceso de horas, conectando el dispositivo a un software capaz de identificar rastros electromagnéticos propios de Pegasus. El resultado final, entregado días después, confirmó que el teléfono había sido infiltrado.

El ministro explicó que Pegasus cuenta con mecanismos avanzados de ocultamiento, como la modificación automática de fechas y metadatos para borrar rastros de la infección. En este caso, incluso aparecieron registros simulados de la década de 1960, lo que imposibilita identificar cuándo se produjo la intervención.

Benedetti también advirtió que esta herramienta puede activar de forma remota la cámara, el micrófono y acceder a la información completa del dispositivo desde cualquier lugar del mundo.

Tras la confirmación de la infiltración, Benedetti aseguró que su vida personal y sus relaciones políticas se vieron afectadas. Señaló que muchos han evitado comunicarse con él: “Nadie quiere tomarse un tinto conmigo”, dijo, aludiendo al temor de que sus conversaciones puedan ser vigiladas.

El ministro recordó además que la presencia de Pegasus en Colombia ha sido tema de debate desde gobiernos anteriores y mencionó que, según versiones públicas, el sistema habría sido adquirido durante la administración de Iván Duque.

El Gobierno insistió en conocer quién autorizó la intervención y en reforzar la seguridad digital de las comunicaciones oficiales. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre responsables o alcances de la infiltración.

El caso mantiene en alerta a las entidades encargadas de proteger la infraestructura de comunicaciones del Estado, que ahora enfrentan el desafío de blindar sus sistemas ante posibles nuevas vulneraciones.