Nuevo ataque de EE. UU. en el Caribe: Deja cuatro muertos y viola derecho internacional
Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal en aguas internacionales, una operación que podría calificarse como ilegal, con características de ejecución extrajudicial y en abierta violación del derecho internacional. El hecho, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, vuelve a encender las alarmas sobre el uso indiscriminado de fuerza militar fuera de zonas de conflicto reconocidas.
Según el Comando Sur, el 4 de diciembre la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear destruyó una embarcación que, según su versión, era operada por una Organización Terrorista Designada y transportaba narcóticos hacia Estados Unidos. La operación dejó cuatro hombres muertos, catalogados oficialmente como “narcoterroristas”.
El ataque se ejecutó en aguas internacionales del Pacífico oriental, un punto crítico para juristas que advierten que, aun en operaciones antidrogas, Estados Unidos no tiene autorización automática para usar fuerza letal sin procedimientos previos de verificación y captura.
Diversos analistas sostienen que destruir la embarcación y dar muerte a todos sus ocupantes constituye una ejecución sin debido proceso, la cual podría vulnerar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y tratados que regulan el uso legítimo de fuerza en contextos no bélicos.
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¿Qué reveló el Congreso estadounidense sobre posibles ejecuciones extrajudiciales?
La polémica se agudizó cuando el almirante Frank M. Bradley declaró ante congresistas que no existió una orden explícita de “matarlos a todos” en una operación previa —realizada en septiembre en el Caribe— donde dos sobrevivientes de un primer ataque fueron posteriormente abatidos, lo que elevó las sospechas de crímenes de guerra.
Para el representante demócrata Jim Himes, lo visto en la sesión privada fue “una de las situaciones más preocupantes” de su carrera pública: dos personas en una embarcación destruida, sin capacidad de huir, presuntamente ejecutadas por fuerzas estadounidenses.
La Cámara y el Senado ya adelantan investigaciones paralelas para determinar si las órdenes emitidas por Pete Hegseth violentaron leyes de combate, protocolos internacionales y el principio de proporcionalidad en el uso de fuerza.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
El caso que detonó las investigaciones ocurrió el 2 de septiembre, cuando Estados Unidos atacó una embarcación frente a las costas de Venezuela. Tras destruirla, dos sobrevivientes quedaron con vida. Sin embargo, horas después fueron abatidos, pese a estar, según testimonios, en condiciones de plena rendición.
El Pentágono enfrenta ahora solicitudes para publicar el video del operativo. Según reveló The Wall Street Journal, Bradley habría concluido que los sobrevivientes aún intentaban continuar la misión, lo que —según él— los convertía en “objetivos legítimos”. La afirmación ha sido fuertemente cuestionada por abogados militares y expertos en derecho internacional.
El ataque más reciente se suma a una serie de 22 operativos letales ejecutados por EE. UU. desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, que dejan al menos 87 muertos. Ninguno de esos incidentes ha pasado por revisión judicial o verificación independiente, lo que alimenta la narrativa de acciones extrajudiciales repetidas, sin supervisión ni transparencia.
Además, crece la inquietud por posibles operaciones en aguas cercanas a Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Especialistas advierten que estos ataques podrían constituir intervenciones unilaterales y un “precedente peligrosísimo” para la estabilidad regional.