A la cárcel por orden de la Corte Suprema de Justicia los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordeno medida de aseguramiento contra los congresistas Karen Manrique, representante a la Cámara por la Curul de Paz y Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador, por el delito de cohecho impropio por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Más congresistas implicados
Los congresistas: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) seguirán en libertad pero aún están investigados
La investigación data de 2023 cuando los congresistas, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito publico, posiblemente habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio que se aprobaran prestamos y créditos que la cartera requería.
En distintas reuniones se habría acordado que la retribución para los congresistas, por la gestión de los créditos, sería el impulso de contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
#SalaEspecialDeInstrucción de la @CorteSupremaJ acusó por el presunto delito de cohecho impropio a 5 congresistas y un excongresista por la supuesta aceptación de dádivas a cambio de conceptuar créditos públicos en 2023. Dos de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento… pic.twitter.com/eccCKgFFiz
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 11, 2026
Pruebas contundentes contra los procesados:
En los encuentros documentados por la sala, se habría definido la cantidad de dinero con el que la cartera beneficiaria a los congresistas para la aprobación de los prestamos. Este material recaudado permitió concluir que los procesados pudieron cometer cohecho impropio, un delito contra la administración pública que ocurre cuando un servidor público acepta o recibe una promesa, dinero o cualquier utilidad por un acto que hace parte de sus funciones habituales.
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