Informe presentado ante la CIDH señala a Bukele de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad en la ofensiva contra las pandillas
Un grupo de juristas internacionales acusó al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de cometer presuntos crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva contra las pandillas, implementada bajo un estado de excepción que ha permitido miles de detenciones.
La acusación fue presentada durante una audiencia del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala, donde se expuso un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
Según el reporte, en el contexto de la ofensiva contra las pandillas se habrían registrado delitos como encarcelamientos que violan el derecho internacional humanitario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos considerados inhumanos.
“Existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó Ignacio Jovtis, director para Latinoamérica de la organización InterJust.
Miles de detenciones y denuncias de abusos
La estrategia de seguridad impulsada por Bukele se desarrolla bajo un estado de excepción que permite realizar detenciones sin orden judicial.
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En casi cuatro años de aplicación, cerca de 90.000 personas han sido encarceladas, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente por falta de pruebas, de acuerdo con los datos citados en el informe.
El reporte también menciona 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro niños, y 540 casos de desaparición forzada durante la vigencia del estado de excepción.
Para los expertos, los hechos descritos no serían incidentes aislados, sino parte de una política sistemática.
“No se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”, señaló José Guevara, especialista en derecho humanitario e integrante del grupo que elaboró el documento.
Las denuncias del informe se suman a señalamientos recientes de la organización salvadoreña Cristosal, que aseguró que en el país existen 86 presos políticos.
Además, el reporte sostiene que el gobierno ha impulsado “campañas de estigmatización y criminalización contra la sociedad civil y la prensa”.
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Según el informe, ese proceso permitió que en 2025 se instaurara la reelección indefinida en el país centroamericano.