Registran 454 muertes en cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción
Un artículo del portal Telesur de Venezuela, reveló que al menos 454 personas han muerto dentro de las cárceles de El Salvador desde el inicio del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele. La cifra fue expuesta por Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, quien aseguró que muchas de las víctimas murieron sin haber pasado a una segunda audiencia y permanecieron en la fase inicial del proceso judicial.
Escobar explicó que la mitad de los fallecimientos se relaciona con hechos violentos y que un 33 % habría muerto tras negarse a recibir atención médica. Además, afirmó que el 94 % de las personas que perdieron la vida no tenía antecedentes penales ni vínculos con pandillas, sino que provenían de comunidades marcadas por la estigmatización y sometidas a operativos masivos de captura.
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Según la abogada (exiliada en México), el reducido 6 % restante correspondía a personas perfiladas por tener antecedentes o tatuajes asociados a pandillas. Subrayó que la mayoría murió sin que se resolviera su situación jurídica: “no eran criminales ni colaboradores”, sostuvo.
Escobar también señaló que la presión internacional ha limitado la participación de El Salvador en escenarios globales. Recordó que Bukele no asistió a una reciente reunión de Naciones Unidas, donde el país es cuestionado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La abogada se refirió igualmente a informes de organismos humanitarios que documentan abusos dentro de los penales, incluidos golpes, torturas y agresiones sexuales por parte de custodios. A su juicio, estas prácticas podrían acarrear responsabilidades según el Estatuto de Roma, que sanciona la detención prolongada de personas inocentes y las violaciones graves a los derechos humanos.
Escobar denunció además un incremento de la persecución contra defensores de derechos humanos desde abril de 2025, mencionando los casos del abogado Alejandro Henríquez, el pastor José Ángel Pérez y el deterioro de salud de varios presos políticos.
El Gobierno salvadoreño, por su parte, ha rechazado estas acusaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sostiene que las muertes y denuncias de tortura no corresponden a una política estatal. Bajo el régimen de excepción —que comenzó tras un fin de semana con más de 80 homicidios en marzo de 2022— se registran más de 89.900 personas detenidas.