México: atrapado en el militarismo
Este análisis se basa en las entrevistas con Edith Olivares de Amnistía Internacional México y Stephanie Brewer de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Internacionales) en ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia; y en un artículo de José Antonio Guevara Bermúdez en la revista del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP).
Un reportero preguntó al presidente de México qué privilegios tiene el Secretario de Defensa, el general Luis Sandoval, para aceptar en su despacho y luego cancelar una reunión solicitada por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que investiga el jackeo y robo de información a esa dependencia.
Con gesto y tono displicentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó: “Es parte de lo mismo, es la politiquería. No le den importancia a eso. Eso no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada del mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores”. Y a renglón seguido recomendó a sus opositores políticos que se serenen tomando pasiflora o el té de tila.
La pregunta del reportero tiene sentido ante el presidente de un gobierno que traicionó sus promesas de campaña jugándosela por la militarización de la seguridad pública y el traslado de funciones civiles a las Fuerzas Armadas.
Historia de vieja data
Según un artículo publicado por José Antonio Guevara Bermúdez (Académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y fundador del ‘Centro de Investigación de Crímenes Atroces en México) en la revista del Instituto Catalán Internacional por la Paz, la militarización de la seguridad pública ha convertido al país en uno de los frentes más violentos de la política prohibicionista global liderada por Estados Unidos.
Guevara –quien integró y presidió en Naciones Unidas, entre 2014-2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria– recuerda que, a finales de los años 1960, las autoridades mexicanas recurrieron al empleo de las Fuerzas Armadas para destruir plantíos, primero en tres estados del norte (Durango, Chihuahua y Sinaloa) y luego en el resto del país.
A lo largo de los años, subraya Guevara, las medidas para enfrentar a las organizaciones del tráfico de drogas se endurecieron empleando todo el poder punitivo del Estado, por tres vías: criminalización de las actividades relacionadas con la siembra, producción y comercialización; establecimiento de un régimen de excepción en materia penal, un derecho penal del enemigo; y la utilización de soldados y marinos para enfrentar a las personas que se dedican a esas actividades ilícitas.
2006: el año clave
Según Stephanie Brewer directora en México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos –WOLA, por su sigla en inglés—, 2006 es considerado el año del despegue del fortalecimiento de la guerra contra las drogas y el crimen organizado.
En una sociedad preocupada por el aumento de la criminalidad, el presidente Felipe Calderón encargó a las Fuerzas Militares de tareas policiales con un resultado indeseable: más violencia y más violaciones de derechos humanos.
El despliegue directo del Ejército y de la Marina para realizar tareas policiales continúo durante el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto y se intensifica ahora con Manuel Andrés López Obrador, con un resultado indeseable en cualquier sociedad. En los últimos doce años los homicidios anuales se han triplicado y los registros oficiales reconocen, cuando menos, cien mil personas desaparecidas.
La traición de López Obrador
López Obrador prometió que su política de seguridad sería diferente a la de sus antecesores porque las consideraba estrategias de guerra irresponsables teniendo en cuenta la pérdida de las vidas de muchos civiles e integrantes de las fuerzas armadas.
Hasta entonces, la política pública del Gobierno Federal reconocía que se trataba de una guerra en la que el objetivo central era eliminar a los líderes de las organizaciones criminales. Pero, explica Guevara, el gobierno de López Obrador, modificó el enfoque: atacar las raíces de lo que llama “descontrol delictivo” y la reducción de los índices de criminalidad.
Brewer agrega que, desde la Presidencia, López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional en 2019, como nueva fuerza de seguridad federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Civil y con un componente muy fuerte de capacitación y formación, aunque con reclutamiento militar desde el principio.
El mandatario celebró el reciente traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa mediante una reforma legislativa que le entrega el control administrativo y operativo. Todo el personal de la Guardia Nacional será militar, estará sujeto al fuero militar y operará con una estructura de mando de carácter militar.
¿Por qué fracasa la militarización de la seguridad pública?
Para Stephanie Brewer, hay cuatro factores asociados al fracaso de la militarización de la seguridad pública: la impunidad judicial; la corrupción; la complicidad de agentes estatales; y la fragilidad institucional de las autoridades y entidades regionales.
Cuando se dijo que la militarización sería temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria al trabajo de la Guardia Nacional, se argumentó que había que darles tiempo y conseguirles más recursos a otras instituciones, especialmente en el ámbito local, para afrontar la oleada de violencia y el crimen organizado.
Con ese propósito, por ejemplo, se reformó el sistema penal inquisitivo escrito y se avanzó hacia un sistema acusatorio con juicios orales. Un paso importante y en la dirección correcta. La promesa era que las Fuerzas Armadas regresarían a los cuarteles lo antes posible. Muy al contrario, las reformas civiles no se consolidaron de manera adecuada, ni recibieron la atención y el apoyo que sí ha recibido la militarización.
Derechos humanos en riesgo
La militarización de la Guardia Nacional afecta la confianza depositada en las urnas por un sector del electorado que votó por López Obrador. Y no solo porque traicionó la promesa de campaña sino porque, contra toda evidencia, minimiza el riesgo latente para las violaciones a los derechos humanos. Según él, las Fuerzas Armadas de hoy no son las mismas del pasado, entre otras razones –dice—porque ha dado la instrucción de no reprimir.
Y en ese escenario caben dos preguntas, según Brewer: ¿Las Fuerzas Armadas acatan la instrucción de no reprimir? ¿Quién o qué garantiza que, a futuro, todo el andamiaje militar fortalecido no se va a usar para violar derechos humanos?
A su juicio, por más que López Obrador haya dado la orden de no reprimir, en las Fuerzas Armadas no han existido procesos de transformación, transparencia y rendición de cuentas por los abusos cometidos –que han disminuido, comparados con las denuncias de hace diez años --
Un argumento razonable y temporal
Subestimar el impacto de la adscripción de la militarizada Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa y prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 –cuatro años más de lo previsto en 201– pondrá el sello definitivo al militarismo en México, según Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Para ella, en su momento fue razonable el argumento de que no había condiciones para el retiro inmediato de los militares de las calles de México.
Era razonable darles tiempo y recursos a las corporaciones civiles responsables de la seguridad pública. Pero cuando se echó a andar la Guardia, el Gobierno nombró a un exmilitar y permitió que parte del personal fuera aportado por las Fuerzas Armadas, en particular por el Ejército. Hoy todo el personal es militar: trescientas mil personas, protegidas con el fuero militar.
La discusión de fondo es que la Guardia de hoy es una corporación diseñada para combatir al enemigo, no para tratar con civiles. El riesgo que comenzó hace diez y seis años es que cualquier persona que cometa un delito puede tener contacto con militares porque en ellos se ha depositado la seguridad pública.
Los antecedentes del pasado y reciente no son alentadores y hay mucha desconfianza hacia ellos. Hay militares involucrados, por ejemplo, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en matanzas de estudiantes, en la persecución a las disidencias políticas y en la construcción de la mal llamada ‘Verdad Histórica’
El terreno para la impunidad está abonado porque cada vez es más difícil realizar la tarea de observación, monitoreo y acompañamiento especializado de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos.
Se invierte la primacía del poder civil sobre el militar
Afirma Olivares que no por casualidad las Fuerzas Armadas en México --el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional-- destacan entre las instituciones con mayor número de quejas por graves violaciones a derechos humanos: tortura, privación de la vida, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, es decir, están vinculadas a algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Además, subraya que, en el contexto descrito, se desvanece uno de los pilares de un Estado democrático: la subordinación del poder militar al poder civil.
“No es extraordinario pues estamos como en un estado de excepción no declarado. Lo que señalan nos estándares es que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada a corporaciones civiles. Estamos teniendo un paso al revés. Y aquí lo que habría que preguntarse, insiste Olivares, es ¿por qué el Estado mexicano --encabezado por tres distintos presidentes, de tres partidos políticos distintos— ha dado tanto poder a los militares?
Y añade que en México se arraigó el militarismo del Estado, esto es, la asignación de la asignación de tareas y competencias que, constitucionalmente, no corresponden a las Fuerzas Armadas: construyen puertos y aeropuertos, asumieron la gestión migratoria, la vacunación contra el coronavirus y roles de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
López Obrador avala el mi militarismo del Estado diciendo que los militares hacen bien las cosas y no son corruptos como los civiles. Pero ignora o subestima que ocultan información sobre la construcción del tren Maya porque se declaró como secreto de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas de México tienen hoy 227 tareas, la mayoría de las cuales correspondían a otras Secretarías de Estado. Y si se aprueba el presupuesto de la Federación, la SEDENA sería la Secretaría con más recursos, después de la de educación pública. México tiene que decir, concluye Olivares, si quiere tener la misma cantidad de militares que de maestros.
