Más militarización, más violencia: los cuestionados resultados de la estrategia de Noboa en Ecuador
La estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa, basada en estados de excepción, militarización y la declaratoria de conflicto armado interno contra las bandas criminales, no logró contener el avance de la violencia en Ecuador, según muestran las cifras oficiales.
Según datos del Ministerio del Interior entre noviembre de 2023, cuando Noboa asumió la Presidencia, y octubre de 2025 se registraron 15.561 asesinatos, lo que equivaldría a 22 homicidios diarios. Aunque durante 2024 hubo una reducción temporal de los asesinatos frente al récord alcanzado en 2023, la tendencia volvió a revertirse al año siguiente.
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Escalada de valencia
Durante 2025, Ecuador experimentó una nueva escalada de violencia. Solo entre enero y julio se contabilizaron 5.268 homicidios, un aumento superior al 40 % respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y abril las autoridades reportaron 3.084 asesinatos, de los cuales el 94 % fue atribuido a estructuras de criminalidad organizada.
De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio del Interior, el repunte llevó a que 2025 terminara con más de 9.200 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país. La violencia se concentró principalmente en las provincias costeras, donde grupos criminales disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Además de los homicidios, el país ha denunciado el crecimiento de delitos como las extorsiones y los secuestros, fenómenos que han afectado a comerciantes, transportadores y comunidades enteras.
Cuestionamientos por violación de derechos humanos
La estrategia de seguridad de Daniel Noboa también ha recibido críticas de organismos internacionales. En su Informe Mundial 2026, Human Rights Watch señaló que desde enero de 2024 el Gobierno ha invocado reiteradamente la existencia de un "conflicto armado interno" para justificar medidas excepcionales que han debilitado garantías de derechos humanos, una interpretación que ha sido cuestionada por la Corte Constitucional.
Según la organización, la respuesta estatal al crimen organizado ha estado acompañada de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Human Rights Watch destacó además el caso de los cuatro niños detenidos por militares en Guayaquil en diciembre de 2024, por cuya presunta desaparición forzada 17 militares fueron llamados a juicio en octubre de 2025.
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¿Funciona el discurso de mano dura?
Los resultados han abierto un debate sobre la efectividad de una política centrada en la militarización y el endurecimiento de las medidas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición sostienen que el incremento de la violencia demuestra la necesidad de fortalecer la prevención, la inversión social, la justicia y la lucha contra las redes financieras del crimen organizado, más allá de las respuestas exclusivamente represivas.
Así, mientras el Gobierno defiende sus acciones como una guerra contra las mafias, las cifras oficiales reflejan que la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos para la sociedad ecuatoriana.