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Fiscal envía carta al presidente del Senado sobre objeciones a la JEP

El jefe del ente acusador pide que se discutan temas como la extradición de quienes ofrecen la verdad.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al Presidente del Senado sobre la discusión que considera se debe hacer sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Extradición, colados y recaudación de pruebas hacen parte de la misiva.

En el texto de cuatro puntos, el jefe del ente acusador le pide al presidente del Senado, Ernesto Macías, que se discutan temas como la extradición de quienes ofrecen la verdad, pues a su juicio la norma establecería que no se concedería dicho proceso, pero no explica las condiciones, características y tiempos de esa colaboración con la justicia.

Indica que de no hacerlo se afectarían los compromisos internacionales de cooperación judicial. También señala que el hecho de nunca estar en otro país impediría dar testimonios a la justicia y así serían muchas la solicitudes de no extradición so pretexto de colaborar con la justicia.

En segundo lugar, hace un llamado sobre la necesidad de que la oficina del Alto Comisionado para la Paz, sea quien expida las acreditaciones de ingresos a la JEP para evitar colados y porque sostiene que dicho despacho tiene a su juicio la experiencia y las herramientas para así evitar colados, como los 383 que han sido hallados en listas intentando entrar a la JEP y donde la misma exguerrilla ha dado nombres de quienes no hacen parte de este proceso, 70 excluidos, y de esos, según la Fiscalía, 24 con orden de extradición.

El tercer punto de hace referencia a la necesidad de que la norma no permite que la justicia ordinaria haga práctica de diligencias judiciales para casos, lo que implica suspender las investigaciones que adelanta la justicia sobre conflicto armado y que hoy tiene la JEP, pues comenta que no se pueden recaudar pruebas ni pedir testimonios, y así no se podría decir que se investigan hechos concretos y que a la fecha la JEP no ha asumido cabalmente sus funciones. Recalca que el acuerdo indicó que la justicia ordinaria seguiría recaudando pruebas mientras ese trámite surte efecto cabalmente.

Finalmente, hace un llamado y señala que ante la justicia no solo deben comparecer los casos más graves y con los máximos responsables, a su juicio, la JEP también debe llamar a comparecer a quienes tuvieron una participación no determinante, pues el mismo acuerdo sugiere penas de no más de cinco años para estas personas, pues indica que solo culpar a los máximos responsables por crímenes de guerra y lesa humanidad sería recaer en impunidad. Concluye pidiendo estudiar estos postulados.

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