La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 36 integrantes del Ejército Nacional, considerando que no fueron máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas en Norte de Santander.
“Los comparecientes aportaron verdad plena, exhaustiva y detallada, además contribuyeron a garantizar los derechos de las víctimas a la restauración y la no repetición”, menciona la JEP.
?️“La JEP resuelve la situación jurídica de 36 integrantes del Ejército Nacional que no fueron seleccionados como máximos responsables de los falsos positivos en Norte de Santander”, anunció Alejandro Ramelli, presidente de la @JEP_Colombia. pic.twitter.com/qjXlnno8zQ
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Entre los integrantes de la fuerza pública absueltos se encuentran 21 exintegrantes de la Brigada Móvil N.° 15 y 15 del Batallón de Infantería N.° 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de la II División del Ejército Nacional.
“Estos comparecientes de la fuerza pública enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos ocurridos entre 2006 y 2008, relacionados con homicidios en persona protegida, homicidios agravados en algunos casos, y desaparición forzada”, agrega el tribunal.
La JEP resolvió la extinción de su responsabilidad y sanción penal, al igual que la eliminación de sus antecedentes penales, partiendo de la Constitución y el Acuerdo de Paz del 2016.
“Ante esta jurisdicción, los comparecientes aportaron verdad plena y detallada, además de contribuir a garantizar los derechos de las víctimas”, añadió Mauricio García, magistrado de la JEP. pic.twitter.com/VaKFPqYBuv
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Sin embargo, el tribunal advirtió a los comparecientes deberán cumplir con un régimen de condicionalidad estricto, que incluye trabajos, obras y actividades de contenido restaurador.
“En caso de que alguno de los comparecientes incumpla este régimen —ya sea cometiendo nuevos delitos, no atendiendo requerimientos de la Jurisdicción o no llevando a cabo contribuciones a la restauración— el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria para continuar con el proceso correspondiente”, subrayó.
La decisión que tomó la JEP está enmarcada en las imputaciones previas a 11 máximos responsables por asesinar a 120 personas en estado de indefensión, donde se suman ocho crímenes más.