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La Unidad para las Víctimas y el pueblo raizal inician la ruta para concertar un Plan de Reparación Integral

En el 2023, la Unidad para las Víctimas realizó diálogos comunitarios con representantes del pueblo raizal e instancias del Gobierno local.
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Colprensa.
Sally Flores


Hoy viernes, el Gobierno Nacional reconocerá al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y Sujeto de Reparación Colectiva. Desde Providencia, Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, liderará el acto de notificación al pueblo raizal y presentará la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre.

A través de dicho documento, la Unidad para las Víctimas incluye en el Registro Único de Víctimas (RUV) a la comunidad perteneciente al pueblo raizal del archipiélago y establece que existen daños a los derechos colectivos, vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.

El escrito señala que el derecho a la autonomía de esta población fue vulnerado, pues su ejercicio político y de gobierno propio se vio limitado, toda vez que se afectaron sus liderazgos, sus formas organizativas, y se impusieron patrones de conducta distintos a los de su cultura, que afectaron el transcurso libre de su vida comunitaria.

Según la resolución, el pueblo étnico se ha enfrentado a hechos de violencia que han “producido la pérdida de su identidad”. La entidad expone que las afectaciones derivadas del narcotráfico, de la implantación del modelo de desarrollo ligado al turismo y de la sobrepoblación han causado una disminución a la calidad de vida y una pérdida paulatina de sus prácticas.

“Para nosotros, significa que al fin el pueblo raizal se le reconoce lo que ha sufrido, somos víctimas, entonces es muy importante, este hecho es un momento histórico y de suma importancia”, asegura el Presidente de la Autoridad Raizal, el pastor Alberto Gordon. 


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La inclusión del pueblo raizal en el Registro Único de Víctimas es una oportunidad histórica para que el Estado garantice los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio, que fueron vulnerados, es un reconocimiento que permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad y de cómo su realidad es distinta a la del resto del país continental. 

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