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La reforma al Código Disciplinar busca resolver el problema de impunidad: procuradora

Asegura que este proyecto busca cumplir con el mandato de la CIDH sobre la competencia para destituir funcionarios elegidos popularmente.
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Foto: Colprensa

Luego de la carta abierta emitida por algunos congresistas de los partidos del Polo, MAIS, Verde, Liberal y de la U, en la que alegaban una serie de inconsistencias en el proyecto presentado por el Ministerio Público para reformar el Código Disciplinar, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, señaló en diálogo con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia que esta iniciativa tiene el propósito de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que un funcionario no elegido popularmente no tiene la autoridad para sancionar y destituir a un servidor público de origen popular.

“Aparte de cumplir con la orden de la Corte Interamericana, este proyecto busca evitar que se prescriban una serie de procesos en el Código Disciplinario, que entrará en vigencia el 1 de julio y que traía una figura de eliminación de la caducidad, un elemento que provocaba la prescripción de varios casos”, indicó Cabello.

Agregó que, además de cumplir con la sentencia, la reforma pretende resolver el problema de impunidad que existe en Colombia. “Tenemos que resolver el problema de impunidad, porque hasta ahora, en virtud de la sentencia, no era posible sancionar con destitución e inhabilidad a los funcionarios públicos de elección popular”, sostuvo.

Cabe recordar que, en la carta difundida por los partidos alternativos, se argumenta que el proyecto de ley no cumple con la sentencia de la CIDH, “en la medida en que lo que hace no es garantizar que un juez imparcial tome las decisiones, sino que decide convertir a los propios procuradores en jueces súper poderosos”.

Investigación archivada contra miembros del Ejército

Por otra parte, Cabello manifestó que, la investigación que adelantaba el ente de control en contra de miembros del Ejército por presuntas irregularidades en el manejo de los llamados ‘gastos reservados’, se archivó por la falta de contundencia en las pruebas recaudadas y porque el período de recolección de elementos se agotó.

“Para efectos del plan de descongestión, se encontró que no se tenía la posibilidad de aplicar nuevas pruebas para reforzar los elementos que aparecían en el expediente y que no son suficientes. (…) Si las pruebas eran suficientes para emitir pliego de cargos, por qué no lo emitieron en su momento”, comentó la procuradora.

Aclaró que es imposible reabrir el caso si no surgen elementos adicionales, complementarios o paralelos que no tengan relación directa con la investigación archivada y que motiven una nueva indagación preliminar.

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