El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó una lista de seis irregularidades que, según el Gobierno, demuestran la inexistencia jurídica del pronunciamiento del Senado cuando votó la consulta popular.
1. Votación sin proposición definida
Según Benedetti, la primera irregularidad consistió en que se realizó la votación sin que existiera una proposición que determinara el sentido de la decisión sobre la consulta popular, violando el artículo 114.1 de la Ley 5 de 1992. Además, no se leyó previamente lo que se estaba votando, precisamente porque no había proposición para someter a consideración, contraviniendo el artículo 125 de la misma ley.
2. Inconsistencias en el conteo
El ministro señaló que el número de votos registrados (96) no coincidió con el número de congresistas presentes en la corporación al momento de la votación (97). Esta discrepancia debía haber resultado en la anulación inmediata de la votación por parte del Presidente y la orden de repetirla, según establece el artículo 123.4 de la Ley 5 de 1992, lo cual no ocurrió.
3. Tiempo insuficiente para votar
Otra irregularidad identificada fue que el período de votación fue "irrazonablemente corto", representando menos del 10% del tiempo máximo estipulado. Esto, según el Gobierno, impidió una verdadera aplicación del principio de la regla de mayorías, que establece que toda decisión debe reflejar la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión, conforme al artículo 2.3 de la Ley 5 de 1992.
4. Apelación sin trámite
El cuarto vicio se relaciona con que el Presidente del Senado no dio trámite inmediato a la apelación presentada contra su decisión de cerrar el registro "de forma intempestiva e irrazonable", violando el artículo 44 de la Ley 5 de 1992.
5. Modificación irregular de votos
Benedetti también denunció que se modificó el sentido del voto anunciado por un senador después del cierre de la votación, una práctica que consideran irregular en el proceso democrático.
6. Restricción del derecho al voto
Finalmente, el ministro aseguró que se coartó el derecho a votar a cinco senadores que iban a pronunciarse por el "Sí" en la consulta popular, limitando la participación democrática en la decisión.
Estas irregularidades, según el Gobierno, sustentan su posición de que la votación del Senado sobre la consulta popular carece de validez jurídica y justifican el llamado a la declaratoria correspondiente.
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