Gobierno destina más de $1.000 millones al mes para seguridad de candidatos presidenciales
En el contexto del calendario electoral, el Gobierno nacional reafirmó su estrategia de seguridad electoral con el fortalecimiento de los esquemas de protección para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, en un esfuerzo por garantizar el normal desarrollo de la contienda política.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una reunión liderada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se evaluaron las condiciones de seguridad y protección para los aspirantes.
¿Qué incluye el esquema de seguridad dispuesto por el Gobierno?
De acuerdo con el ministro, el operativo se articula a través de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE), que ha coordinado un conjunto de medidas con distintas entidades del Estado.
Entre los recursos asignados se destacan 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 efectivos de la Policía Nacional, además de vehículos blindados, vehículos convencionales y chalecos de protección, configurando un esquema integral de protección a candidatos.
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Uno de los puntos clave del dispositivo de seguridad es el acompañamiento a los desplazamientos de los candidatos. Según lo informado, cada recorrido cuenta con al menos 40 uniformados de la Policía, incluyendo unidades motorizadas y personal especializado.
Este despliegue busca mitigar riesgos en territorio y asegurar que las actividades de campaña política se desarrollen sin contratiempos, especialmente en zonas con antecedentes de afectaciones al orden público.
El ministro Armando Benedetti reiteró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene su compromiso con la realización de unas elecciones seguras y transparentes. En esa línea, señaló que se continuará reforzando la seguridad electoral para garantizar condiciones de equidad, proteger a los actores políticos y brindar confianza a la ciudadanía de cara a la jornada del 31 de mayo.
El Ejecutivo subrayó que estas acciones hacen parte de una política orientada a consolidar la estabilidad democrática y prevenir cualquier amenaza que pueda afectar el proceso electoral.