Presidente Petro firma ley con la que Colombia reconoce y protege a las mujeres buscadoras
Con la reglamentación de la Ley 2364 de 2024, el Estado reconoce a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección constitucional y como constructoras de paz, estableciendo medidas concretas para garantizarles una vida digna. Entre los principales beneficios se encuentran el acceso prioritario a vivienda, seguridad social, educación, atención médica integral y acompañamiento psicosocial, así como acciones de prevención y protección frente a las violencias y riesgos que enfrentan por su labor.
La ley, reglamentada mediante el Decreto 0063 del 26 de enero de 2026, desarrolla lo dispuesto en la Ley 2364 de 2024 y establece un marco institucional que obliga a todas las entidades del Estado, en los niveles nacional, departamental y municipal, a coordinar acciones para garantizar los derechos de estas mujeres. El decreto enfatiza principios como la dignidad humana, la no revictimización, la participación efectiva, el enfoque de género y el respeto por la diversidad étnica, cultural y territorial.
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Uno de los avances más significativos es la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB), que permitirá identificar y caracterizar a las mujeres que realizan labores de búsqueda de manera individual o colectiva, sin que sea obligatorio un vínculo consanguíneo con la persona desaparecida. Este registro facilitará el acceso a programas sociales, medidas de protección y acciones de reparación integral para ellas y sus núcleos familiares.
Asimismo, la normativa también reconoce el impacto diferenciado que la desaparición forzada ha tenido sobre las mujeres, quienes han enfrentado consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y económicas, además de estigmatización, amenazas y persecución por parte de actores armados. En respuesta, el Estado deberá garantizar atención psicosocial y psicoespiritual, así como medidas de seguridad humana que protejan su vida, su integridad y su buen nombre.
Asimismo, la ley se articula con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, reafirmando el deber del Estado de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, en concordancia con los estándares internacionales en derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Con la firma de esta ley, el Gobierno nacional da un paso clave en el reconocimiento del papel fundamental que han desempeñado las mujeres buscadoras en la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la construcción de paz en Colombia, saldando una deuda histórica con quienes han buscado incansablemente a sus seres queridos en medio del dolor y la resistencia.