Presidente Petro defiende el salario vital “Es una orden de la constitución desobedecida por el Congreso"
El presidente, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el incremento del salario mínimo para 2026, una medida que ha generado debate jurídico y político tras las demandas presentadas para anular el decreto que lo estableció.
En medio de esta discusión, el mandatario defendió el aumento del 23% decretado por su gobierno y aseguró que con esta decisión se logró materializar el concepto de “salario vital”, contemplado en la Constitución.
El pronunciamiento se produjo después de que la Defensoría del Pueblo interviniera ante el Consejo de Estado para respaldar la legalidad del decreto que fija el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, incluyendo el auxilio de transporte.
A través de su cuenta en X, el jefe de Estado sostuvo que garantizar un ingreso suficiente para las familias trabajadoras no es una opción política, sino un mandato constitucional.
“El salario vital es una orden de la Constitución que ha sido desobedecida por el Congreso”, afirmó el mandatario, en referencia al Congreso de la República de Colombia.
En su intervención, el presidente explicó que el aumento progresivo del salario mínimo durante su administración permitió acercar el ingreso de los trabajadores al concepto de mínimo vital, entendido como la remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Según Petro, la política de incremento salarial responde a un principio elemental de justicia social y sentido común. En ese sentido, insistió en que el salario debe permitir garantizar condiciones dignas para los hogares colombianos.
“A través del ascenso del salario mínimo llegué en mi gobierno a alcanzar el salario vital”, señaló el mandatario.
¿Qué papel juega la Defensoría del Pueblo en esta discusión?
El respaldo institucional al decreto provino de la Defensoría del Pueblo, que presentó un concepto ante el Consejo de Estado en respuesta a 17 demandas que buscan tumbar la medida adoptada por el Gobierno nacional.
La entidad argumentó que su intervención se fundamenta en su función de proteger los derechos humanos y el interés general, especialmente cuando se trata de garantizar una remuneración digna para los trabajadores.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que el incremento del salario mínimo responde a las condiciones reales de millones de trabajadores que dependen de este ingreso para sostener a sus familias.
Además, sostuvo que la discusión sobre el salario mínimo no puede reducirse únicamente a variables económicas, ya que su impacto se extiende a la estabilidad social y al bienestar colectivo.
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En su análisis jurídico, la entidad recordó que la remuneración mínima vital y móvil está consagrada en el artículo 53 de la Constitución, lo que obliga al Estado a garantizar un salario que permita una vida digna.
El concepto también menciona la Sentencia C-815 de 1999, que establece que la fijación del salario mínimo debe sustentarse en criterios económicos, pero sin perder de vista el objetivo principal: proteger el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente.
Finalmente, la Defensoría advirtió que limitar el salario vital a una cifra anual debilita su sentido constitucional y su función social dentro del sistema laboral.
Por ello, recomendó evitar decisiones que puedan generar retrocesos en la protección de los derechos laborales, tanto en el marco de la Constitución como de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.
El salario vital es una orden de la constitución desobedecida por el Congreso.
A través del ascenso del salario mínimo lleguéen mi gobierno a alcanzar el salario vital.
Que el salario garantice el mínimo vital de la familia es de sentido común. https://t.co/hzXVOKXbQR— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026