El próximo viernes 20 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuará el estudio de una medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación y una acción popular interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano. Ambas buscan una rectificación del presidente Gustavo Petro sobre sus denuncias relacionadas con un supuesto fraude electoral en los comicios de 2026, debido a la falta de auditoría al software de escrutinio en poder de la empresa privada Thomas Greg and Sons.
Estos recursos también pretenden que el jefe de Estado se abstenga de publicar en sus redes sociales y otros espacios reparos, alertas o denuncias sobre el sistema electoral colombiano y la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigida por Hernán Penagos, al considerar que estas declaraciones podrían afectar el desarrollo de las elecciones de 2026. En otras palabras, se plantea una posible censura al mandatario.
En diálogo con Radio Nacional de Colombia, Alejandro Carranza, apoderado del presidente, afirmó que es imposible que las declaraciones de Gustavo Petro hayan perturbado el sistema electoral colombiano.
“Expresamos ante el tribunal que estas elecciones que acaban de transcurrir (las legislativas del 8 de marzo) han sido exitosas, con un incremento en votantes y candidatos en comparación con los últimos 30 años. Se ha motivado a la ciudadanía a estar alerta y exigir sus derechos”, indicó el abogado.
¿“Jueces instrumentalizados”?
En medio del proceso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carranza señaló que algunos jueces administrativos estarían siendo utilizados para afectar la voz del presidente.
“En mi sentir, los jueces están siendo usados e instrumentalizados para censurar al presidente. Es una posición respetuosa, pero no quisiera prejuzgar”, afirmó.
¿Qué otros casos menciona la defensa del presidente?
El abogado también recordó el caso de la EPS Coosalud, donde el mandatario ha denunciado un presunto desvío de recursos públicos hacia negocios privados del exgerente y la junta directiva, lo que habría generado una millonaria deuda.
“El presidente denunció que en la EPS Coosalud se habrían desviado cerca de 200 mil millones de pesos destinados a tratamientos y medicamentos. Sin embargo, un juez ordena retractarse y la Fiscalía General de la Nación no abrió investigación”, cuestionó Carranza.
El apoderado también criticó el papel de la Fiscalía, pese a las evidencias recopiladas por la Superintendencia de Salud, señalando fallas en la cadena de custodia como argumento para no avanzar en el caso.
Lea también: Gobierno refuerza esquemas de seguridad para candidatos presidenciales y sus fórmulas
¿Qué ocurre con la multinacional Keralty?
Otro de los puntos expuestos por la defensa es el caso de la multinacional Keralty. El presidente Gustavo Petro ha señalado que esta empresa habría financiado campañas políticas en Colombia y tenido incidencia en el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República.
Según Carranza, durante un interrogatorio, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, habría reconocido aportes a sectores políticos, incluyendo el partido Centro Democrático.
El abogado sostuvo que estas actuaciones podrían configurar conductas posiblemente delictivas, al relacionarse con maniobras para afectar el trámite legislativo.
¿Existe un patrón contra el presidente?
Finalmente, Carranza aseguró que existe un patrón de decisiones judiciales que buscan limitar la voz del mandatario.
Entre los ejemplos mencionó la posibilidad de censura previa a las alocuciones presidenciales por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como decisiones del Consejo de Estado que, según su criterio, habrían permitido al Consejo Nacional Electoral intervenir en asuntos relacionados con la campaña presidencial.
Ante este panorama, el abogado no descartó acudir a instancias internacionales para denunciar lo que considera una vulneración a las garantías del presidente de la República.
