¿Cuáles son los puntos que abarca la reforma a la justicia?
A la conciliación entre las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes pasó este martes el proyecto de reforma a la justicia. En conversación con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, indicó que esta iniciativa permitirá adoptar la figura de expediente digital en todas las disciplinas jurídicas, con el objetivo de facilitar los trámites judiciales.
“Con esta digitalización de la justicia, el usuario no va a tener que desplazarse hasta los despachos. Desde cualquier dispositivo electrónico, va poder presentar acciones judiciales y seguir el trámite de su proceso. Esto también va a permitir que los ciudadanos puedan solucionar sus conflictos sin la necesidad de un abogado, y sin acudir a rigurosos procesos judiciales”, anotó.
Agregó, además, que este proyecto pretende acercar la justicia a los ciudadanos a través de la creación de jueces itinerantes, una medida que busca descongestionar el sistema judicial.
“La medida de jueces itinerantes va a llevar al juez a lugares en donde hay más demanda de justicia, y en donde se requiere la presencia de un funcionario judicial”, apuntó.
Así mismo, la reforma contempla que el 50 por ciento de las listas para elegir a magistrados de las altas cortes serán conformadas por mujeres y que el acceso a los cargos de las ramas judiciales se decidirán por méritos.
Otro de los puntos establecidos en el texto, es la destinación del 3 por ciento del presupuesto general de la Nación para mejorar y modernizar el aparato judicial.
“Ese presupuesto para la rama judicial va a favorecer la administración de justicia. Colombia está atrasada frente al estándar que establece la OCDE, que es de 64 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en el país la cifra es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Esta situación impide que la justicia sea ágil al momento de resolver los procesos. Hay gente que tiene que esperar 30 años por un fallo”, afirmó Ruíz.
El jefe de la cartera de Justicia manifestó que este proyecto se adapta a la conformación autónoma y funcional del Consejo Superior de la Judicatura como un órgano que tendrá la función jurisdiccional de disciplinar a los funcionarios de la rama judicial.
Por último, el ministro aseguró que uno de los aspectos más importantes de la reforma es que define la administración de la justicia como un servicio público esencial.
“Es un factor determinante porque va en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Constitución Política frente a la intención de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos”, concluyó.
Desde otro punto, esta reforma ha sido cuestionada por varios congresistas durante el desarrollo de los debates legislativos. Antes de ser aprobada en última instancia, las senadoras Angélica Lozano y Griselda Lobo presentaron una propuesta para que el proyecto no fuera aprobado, argumentando que la burocracia crearía más trabas en el sistema judicial.
Según denunció Lozano, en la discusión que se llevó a cabo el pasado martes se aprobó un parágrafo que reduce los requisitos para cargos como Fiscal, Procurador, Registrador y Defensor del Pueblo.
Este cambio de los requisitos permitiría que los abogados acrediten la experiencia mínima necesaria para los altos cargos con carreras como Ciencia Política, Gobierno, Finanzas, entre otras. De esta manera, ya no se exigirán los 15 años de experiencia para ocupar estos cargos, sino que se flexibilizarían las condiciones y abriría la puerta a candidatos sin la experiencia necesaria.
Así mismo, miembros de la bancada de Gobierno han expresado su rechazo al proyecto de ley. Es el caso de la senadora Paloma Valencia, quien por medio de sus redes sociales, argumentó que “entregarle 3 billones de pesos a la Rama Judicial es un despropósito y son recursos que deberían destinarse a la inversión social”.
Lo que opinan detractores del proyecto
Desde otro punto, esta reforma ha sido cuestionada por varios congresistas durante el desarrollo de los debates legislativos. Antes de ser aprobada en última instancia, las senadoras Angélica Lozano y Griselda Lobo presentaron una propuesta para que el proyecto no fuera aprobado, argumentando que la burocracia crearía más trabas en el sistema judicial.
Según denunció Lozano, en la discusión que se llevó a cabo el pasado martes se aprobó un parágrafo que reduce los requisitos para cargos como Fiscal, Procurador, Registrador y Defensor del Pueblo.
Este cambio de los requisitos permitiría que los abogados acrediten la experiencia mínima necesaria para los altos cargos con carreras como Ciencia Política, Gobierno, Finanzas, entre otras. De esta manera, ya no se exigirán los 15 años de experiencia para ocupar estos cargos, sino que se flexibilizarían las condiciones y abriría la puerta a candidatos sin la experiencia necesaria.
Así mismo, miembros de la bancada de Gobierno han expresado su rechazo al proyecto de ley. Es el caso de la senadora Paloma Valencia, quien por medio de sus redes sociales, argumentó que “entregarle 3 billones de pesos a la Rama Judicial es un despropósito y son recursos que deberían destinarse a la inversión social”.
