Contrarreloj en el Congreso: reforma a la Salud, Ministerio de Igualdad y la Ley de Sometimiento marcan la agenda legislativa 2026-I

El periodo del gobierno del actual presidente Gustavo Petro ha estado marcado por el impulso de reformas estructurales. En este primer semestre legislativo, que inicia en marzo y finaliza en junio, el Congreso de la República debatirá proyectos sustanciales como la reforma a la salud, la ley de jurisdicción agraria, la ley de sometimiento y el futuro del Ministerio de Igualdad.

El anterior escenario definirá el futuro de los congresistas que buscan reelegirse, generará un ambiente de extrema observación política por parte de la ciudadanía que decide su voto para el Congreso y la Presidencia y marcará un tiempo clave para la aprobación de las iniciativas del mandatario antes que finalice su gobierno.

Aunado a ello, la bancada de oposición (Centro Democrático y Cambio Radical) ha arreciado sus críticas tras decisiones judiciales clave. La Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica por falta de requisitos y riesgos financieros. A esto se suma la tensión por la suspensión del aumento del salario mínimo y el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente, factores que refuerzan las fricciones en el Capitolio.
 

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La baraja legislativa: los proyectos que definirán el primer semestre del 2026 en el Congreso:

Ministerio de Igualdad y Equidad en riesgo de desaparecer.

Una de las prioridades del gobierno Petro y la vicepresidenta Francia Márquez fue la creación del Ministerio de Igualdad, que ha atravesado varios reveses. Desde dificultades presupuestales hasta su intento de archivo, el proyecto enfrenta ahora un plazo determinante: la Corte Constitucional ordenó su consolidación antes de junio de 2026, tras declarar inexequible la ley que lo creó originalmente por falta de aval fiscal.  El reto este primer semestre está en cumplir las exigencias de este órgano: una estructura institucional y fiscal definida, y por supuesto, surtir los debates en el Congreso y afianzar la ley que permita su continuidad como institución en cabeza del nuevo ministro Luis Alfredo Acosta.

En sí, una institución que represente y proteja los derechos de poblaciones LGBTIQ+, mujeres, campesinos, indígenas, afros, personas cuidadoras, juventudes, entre otras diversidades. 

Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, una deuda histórica con la ruralidad colombiana.

En la agenda legislativa del primer semestre, esta jurisdicción busca su reglamentación a pesar de que fue aprobada hace más de dos años e incluida en la Constitución  mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023. Su situación es crítica: la instancia no tiene jueces designados, procesos en curso ni jueces habilitados. Esto ocurre a pesar de ser el pilar principal de la Reforma Rural Integral y la Reforma Agraria piezas clave para cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016.

Los antecedentes de su debate están en el 2024, cuando el gobierno de Petro, los partidos independientes y la oposición uribista aprobaron la ley que acordaba su creación. No obstante, entre octubre y noviembre de 2025 cuando la discusión en la Cámara debía concretarse, sectores de la oposición hicieron cambios a última hora que enviaron el proyecto al fondo del archivo, mientras que en el Senado no agendó su discusión. Desde la mirada del representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra “hay una decisión política de no permitir que inicie la discusión de la jurisdicción agraria” articulado a dilaciones que limitan la iniciativa a un proyecto secundario. 

Como lo han manifestado la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, e incluso, la Defensoría del Pueblo, su abordaje y debate es urgente porque su archivo limitaría los derechos de los campesinos y posterga el saneamiento de la deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana. 

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Proyecto de ley de sometimiento, la Paz Total en juego

La “Ley de sometimiento” está en la puerta de los debates en este primer periodo legislativo. Sin embargo, desde sus raíces mediante la ley 1908 de 2018 hasta la actualidad, han tambaleado sus cimientos y su ejecución es una constante incertidumbre.

Mientras que en el gobierno de Santos se criticó la falta de incentivos reales para que los grupos criminales de alto impacto se acogieran a la ley, en 2022 la sanción de la Ley de Paz Total sentó bases para el proyecto actual. Sin embargo, este carga hoy un lastre de críticas que van desde problemas de constitucionalidad hasta fricciones y confusiones entre la justicia ordinaria y la transicional. 

Si esta ley es aprobada, sería el brazo jurídico de la Paz Total, ya que busca el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto y su sujeción a la justicia ordinaria con penas diferenciadas y otros beneficios. Esto garantiza simultáneamente los derechos de las víctimas, la seguridad y la transformación de los territorios. 

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Reforma a la salud en estado crítico

La reforma a la salud, uno de los proyectos álgidos de este gobierno, busca su aprobación en este tramo legislativo del primer semestre de 2026. Presentada por Gustavo Petro en el año 2023, tiene como propósitos principales que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) gire recursos a hospitales y clínicas sin mediación de las EPS, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la formalización laboral de las condiciones de los trabajadores de la salud.

Al igual que los proyectos mencionados, su camino ha sido tortuoso: aunque en diciembre de 2023 la Cámara aprobó la reforma, en abril de 2024 fue hundida y archivada por la Comisión Séptima del Senado. Este escenario de bloqueo se repitió recientemente en diciembre de 2025, dejando la iniciativa en un punto crítico para este inicio de año.

Las bancadas de la oposición (Centro Democrático, Partido Liberal, MIRA, La U, Conservadores y ASI) han votado en contra alegando falta de aval financiero, insostenibilidad fiscal y riesgos de corrupción por la estatización del modelo. Del otro lado, los impulsores clave son la exministra y candidata al Senado Carolina Corcho, el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y figuras del Pacto Histórico como Wilson Arias y María José Pizarro. A ellos se suman sectores de Alianza Verde y Comunes, además de sindicatos de salud y movimientos sociales que defienden el modelo público.

En definitiva, si este modelo es aprobado, buscaría cerrar brechas sociales que impiden una garantía digna de este derecho. Según el actual mandatario: "Este es el proyecto que hace de Colombia un reino de la vida".

El último pulso legislativo: Entre reformas y urnas.

Finalmente, la discusión también girará en torno a las bases del Presupuesto General de la Nación para 2027, la ley de financiamiento (tras su hundimiento en 2025) y las reformas a los servicios públicos y la ley minera. A este complejo panorama se suman las decisiones de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y, sobre todo, una coyuntura electoral que definirá el rumbo final de los proyectos bandera de Gustavo Petro.
 

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