Restitución de tierras: Congreso en Barranquilla traza nuevas metas para la reparación de víctimas
El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras se posiciona como el principal escenario de articulación institucional en Colombia para redefinir la política de reparación integral a las víctimas de despojo y abandono forzado. El encuentro, que se desarrolla en Barranquilla, reúne durante tres días a más de 180 actores estratégicos con la mirada puesta en una meta común: consolidar resultados hacia 2031.
Convocado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el evento integra al Gobierno nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, organizaciones sociales y cooperación internacional, en un esfuerzo por fortalecer el restablecimiento de derechos territoriales como eje de la paz y la justicia social.
¿Qué se discute en el Congreso?
La agenda, compuesta por 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas técnicas, busca estructurar nuevas estrategias para dinamizar la restitución de tierras en el país.
Entre los temas centrales se destacan las soluciones duraderas para las víctimas, la restitución colectiva, el acceso de las mujeres a la tierra, la protección de territorios étnicos y la incorporación de tecnologías en los procesos.
Estos debates apuntan a construir una política pública más eficiente, con mayor presencia en los territorios y enfocada en las necesidades reales de las comunidades afectadas por el conflicto armado. “El Congreso es determinante para definir cómo el Estado puede garantizar los derechos de miles de familias que aún esperan reparación”, señaló Giovani Yule, director general de la URT.
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En el marco del encuentro, el Gobierno expone los principales avances alcanzados en materia de restitución de tierras. Entre ellos sobresalen cifras históricas en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana y la puesta en marcha de una nueva ruta para sujetos colectivos campesinos.
También se resalta el fortalecimiento de los enfoques diferenciales, orientados a priorizar a poblaciones en condición de vulnerabilidad, lo que ha permitido ampliar el impacto de la política pública.
De acuerdo con cifras oficiales, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley han sido gestionadas durante la actual administración, lo que evidencia un punto de inflexión en la implementación de esta política.
Uno de los ejes centrales del Congreso es la construcción de una articulación más sólida entre la institucionalidad y las comunidades. Este proceso busca incorporar las voces campesinas, étnicas y locales en la toma de decisiones. El objetivo es avanzar hacia una política de restitución de tierras más incluyente, capaz de responder a los desafíos históricos del país y de garantizar una reparación integral efectiva para las víctimas.