La Sociedad de Activos Especiales (SAE) avanzó en una de las apuestas más representativas de la política de recuperación de bienes del Estado al entregar siete inmuebles en Bogotá que estuvieron relacionados con procesos de extinción de dominio por delitos asociados al narcotráfico, la corrupción y otras economías ilegales.

Según informó la SAE, los siete inmuebles entregados superan los $5.200 millones en valor comercial y fueron destinados a organizaciones que trabajan en áreas como la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, la formación artística, el fortalecimiento comunitario y la construcción de paz.

De los bienes adjudicados, seis fueron asignados mediante un mecanismo de invitación pública, mientras que uno fue entregado a través de la estrategia Activos para la Memoria, impulsada para resignificar propiedades provenientes de actividades ilícitas.

¿Qué organizaciones recibirán los inmuebles?

Entre las entidades beneficiarias figuran la Fundación Saberes Ancestrales Manyulo Chanapicama (FUNSAMACH), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho (ILSA), la Corporación para el Arte y el Conocimiento del Ser (COARCOS), la Fundación Integrando Fronteras y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

La SAE destacó que estas organizaciones desarrollan iniciativas orientadas al trabajo social y comunitario, así como programas enfocados en la defensa de derechos, la inclusión social y el fortalecimiento de procesos territoriales.

Uno de los inmuebles entregados fue destinado a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica.

Para la SAE, esta asignación tiene un valor simbólico especial porque representa la transformación de bienes vinculados a economías ilegales en espacios destinados a la reflexión, la reparación y la construcción de memoria colectiva.

La entidad resaltó que este tipo de entregas permiten que propiedades antes asociadas a actividades criminales sean puestas al servicio de iniciativas que promueven la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social.

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La destinación de estos inmuebles se enmarca en una política que busca vincular la administración de bienes incautados con objetivos de paz, memoria, justicia social y fortalecimiento comunitario. Desde la SAE señalaron que continuarán impulsando procesos para que los activos provenientes de economías ilícitas se conviertan en oportunidades para las comunidades y en herramientas para respaldar proyectos culturales, sociales y de construcción de país.

La entidad sostiene que la recuperación y reutilización social de estos bienes constituye una forma de transformar el impacto de las economías ilegales en beneficios tangibles para las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos y el desarrollo de los territorios.