Se trata de la segunda fase de ‘Inspiragua’, una estrategia en conjunto con las autoridades holandesas que ejecutan las corporaciones regionales ambientales para preservar las fuentes hídricas.
En 2013 la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado en los desplazamientos forzados contra las comunidades que históricamente han habitado la cuenca del río Cacarica.
